-Formalizaron diversos procedimientos especiales sancionadores contra Abraham Mendoza Zenteno, delegado de Programas para el Desarrollo en Hidalgo; Hilda Miranda Miranda, regidora de Mineral de la Reforma, y otros

CONTIENDA ELECTORAL

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Denunció la coalición “Va por Hidalgo” a funcionarios públicos, entre delegados federales, presidentes municipales y diputados, que acudieron a conferencias de prensa o eventos de campaña de Morena, durante días y horarios laborales sin solicitar licencia, lo cual provocó inequidad en el proceso electoral de gobernador; además advirtieron que ya ubicaron a servidores de la nación que condicionan programas sociales.

En conferencia de prensa, dirigentes estatales del Acción Nacional (PAN), Claudia Lilia Luna Islas; Revolucionario Institucional (PRI), Julio Valera Piedras y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco de Jesús López Sánchez, reiteraron el llamado a las autoridades electorales para que vigilen o investiguen delitos electorales, pues desde hace semanas detectaron diversos hechos que violentan el principio de neutralidad.

Por ello, formalizaron diversos procedimientos especiales sancionadores contra Abraham Mendoza Zenteno, delegado de Programas para el Desarrollo en Hidalgo; Hilda Miranda Miranda, regidora de Mineral de la Reforma; Óscar Javier González, delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) delegación Hidalgo; los presidentes municipales, Julián Nochebuena Hernández, de Atlapexco; Araceli Beltrán Contreras de Ixmiquilpan y Fernando Vilchis Contreras de Ecatepec, Estado de México.

Igualmente, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María del Carmen Lozano Moreno; Liliana Mera Curiel, síndica jurídica de Pachuca y Luis Enrique Morales Acosta, secretario general del Comité Ejecutivo de la Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), todos ellos por asistir a conferencias de prensa o actos proselitistas.

Los presidentes partidistas que integran la alianza “Va por Hidalgo”, recordaron que aquellos funcionarios públicos que participen activamente en la campaña, es necesario que soliciten licencia a sus encargos, pues constituye un delito electoral utilizar recursos humanos o financieros para apoyar a cierto partido político o candidato.

Además, mencionaron a los denominados servidores de la nación, personal adscrito a la coordinación nacional de programas para el desarrollo, dependiente de la Presidencia de la República, que condicionan la entrega de apoyos sociales.

“Se puede identificar la coacción con el uso de programas sociales y participación de servidores públicos para promocionar a un candidato, queremos alertar y denunciar a los servidores de la nación, que no los engañen, que es un delito que amerita cárcel, que tengan cuidado, vayamos por el piso parejo y que la ciudadanía decida”, sostuvo el líder priista, Julio Valera.

El artículo 6, párrafo segundo de la Ley General en Materia de Delitos Electorales refiere que la persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 7 Bis; 11, fracción II; 11 Bis y 20, fracción II, relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales.

Tal disposición establece que “sancionarán a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición”.