-Sala Regional dio vista a los hechos cometidos por la Comisión Especial de Atención a Comunidades Indígenas, Migración y Grupos Vulnerables

TEPJF

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Debido a posibles actos que constituyeron violencia política por razón de género cometidos por la Comisión Especial de Atención a Comunidades Indígenas, Migración y Grupos Vulnerables del ayuntamiento de Ixmiquilpan contra una ciudadana, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio vista al Instituto Estatal Electoral (IEEH) para que investigue los hechos.

Este caso inició luego de que varias personas denunciaron la omisión por parte de la referida presidencia municipal para garantizar su acceso al derecho de representación indígena.

Tras el reencauzamiento por parte de la Sala Regional Toluca, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) analizó el caso desde el pasado 29 de diciembre del 2021, en donde mandató a la alcaldía para que reconozca los derechos de la representatividad originaria.

Además, emitiera y difundiera una convocatoria en las localidades de donde son originarios los promoventes para que seleccionen a sus enlaces, con base en usos y costumbres; dieron vista al Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas para coadyuve con el municipio, de igual forma conminaron al Congreso para regular la figura autóctona.

El 22 de febrero del 2022, Ixmiquilpan pidió una prórroga para el cumplimiento de la sentencia, misma que el tribunal local cedió en un lapso adicional de 30 días.

Entonces, los inconformes presentaron el juicio ciudadano, ST-JDC-55/2022, pero actualizó la figura de preclusión respecto a los ciudadanos, Rosalío Palma Cruz, Fabiana Simón Donaciano, Hipólito Bartolo Marcos, Gumecindo González López, Daniel Olguín Neria, Luis Fernando Wenceslao Montiel, Inés Martínez Canjay, Floriberto Palma Rosquero, Luis Miguel Ramírez Pedraza, y Romualdo Hernández Arroyo, pues argumentaron los mismos agravios que en el expediente, ST-JDC-38/2022, en ese último lo declararon como extemporáneo.

No obstante, la Sala Toluca dio vista al IEEH porque advirtieron que, en la sesión de 30 de marzo en la comisión especial de atención a comunidades indígenas, migración y grupos vulnerables, el personal del área jurídica aparentemente discriminó y limitó la participación de Inés Martínez Canjay, lo cual podría acreditarse como violencia política por razón de género.