-El pleno corroboró la respuesta hacia Movimiento Ciudadano relativo al ajuste en las prerrogativas ordinarias y campaña

VÍAS

Rosa Gabriela Porter Velázquez

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reiteró que el presupuesto para los partidos políticos se calcula anualmente, por lo que no es viable una actualización del cálculo para el financiamiento público, a partir del nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al 2022.

Movimiento Ciudadano (MC) consultó al Instituto Estatal Electoral (IEEH) para actualizar el financiamiento público de gastos de campaña, bonificación por actividad electoral, así como el sostenimiento de diligencias ordinarias y específicas, con base en el valor de la UMA del año actual.

Al respecto, el organismo sostuvo que no tiene posibilidades de atender la petición de MC porque las cifras de financiamiento público las definieron en los diversos acuerdos del CG164, CG165, CG168 y CG169, a partir de la propuesta remitida hacia el Poder Ejecutivo, aprobada por el Congreso local y publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 31 de diciembre de 2021.

Asimismo, enfatizó que las ministraciones para partidos políticos lo establecen con base en el presupuesto de egresos anual, por lo que no es posible una actualización de montos en el transcurso del ejercicio.

Sin embargo, la cúpula “naranja” inconformó tal resolutivo ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEH), quien igualmente ratificó el fallo del IEEH por el mencionado criterio de anualidad y que en su momento no impugnaron los acuerdos del financiamiento.

Entonces, al recurrir a la siguiente instancia, Sala Toluca dirimió el juicio de revisión constitucional ST-JRC-4-2022 y en sesión pública calificaron los argumentos del partido como inoperantes e infundados, ya que no controvirtieron las razones del órgano jurisdiccional local para insistir que precluyó el derecho de MC para controvertir la asignación de prerrogativas conforme el UMA del 2021.

Los magistrados coincidieron en que el financiamiento público hacia las fuerzas políticas lo deducen y aprueban de forma anual, además que las ministraciones mensuales que reciben son resultado del procedimiento previamente establecido por la legislatura y no existe una norma que autorice al IEEH de disponer de ampliaciones presupuestales para los partidos.