-DENUNCIAS. Por presuntos actos que constituyeron violencia política por razón de género, algunos asuntos ya los resolvieron, mientras que otros continúan en investigación o alegatos

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Dirigentes estatales o líderes morales de la mayoría de partidos políticos en Hidalgo afrontaron denuncias por presuntos actos que constituyeron violencia política por razón de género o que atentaron contra mujeres, algunos asuntos ya los resolvieron las autoridades correspondientes, mientras que otros continúan en investigación o alegatos.

A pesar de que existe un avance importante en cuanto a la participación política de las mujeres, además de la atención, erradicación y sanción de la violencia de género en ámbitos electorales con lineamientos o protocolos para inhibir estas prácticas, en los últimos cinco años aumentaron las quejas hacia presidentes partidistas en Hidalgo, derivado de conductas, acciones u omisiones que posiblemente afectaron a féminas.

Por mencionar algunos ejemplos públicos y denuncias oficializadas ante órganos de justicia de las cúpulas o tribunales electorales: Arturo Aparicio Barrios, quien fungía como Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo, en 2018 lo denunciaron por violencia familiar equiparada y lesiones graves dolosas, al siguiente año la Comisión Nacional de Garantías, Justicias y Controversias petista le suspendió sus derechos al interior de la “cúpula de la estrella”.

Apenas en abril del 2022, Aparicio Barrios confirmó ante medios de comunicación que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) lo absolvió de los mencionados delitos, igualmente, anunció que respaldaba la candidatura del hoy gobernador electo, Julio Menchaca Salazar.

En el 2020, trascendió una queja contra el entonces presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), Juan José Luna Mejía, por parte de una trabajadora del área de finanzas del partido; el caso lo atendió el respectivo órgano de justicia y tras las respectivas etapas legales, finalmente descartaron que el exdirigente cometiera violencia política por razón de género.

Otros señalamientos destacan contra el expresidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón, a quien denunciaron públicamente por actos de violencia política en razón de género, como en el 2018 cuando supuestamente agredió a una exregidora durante el proceso de selección de la dirigencia estatal “albiazul”, o bien, en el Congreso local al emitir presuntos comentarios que menoscabaron la capacidad de otras legisladoras.

Ninguno de los mencionados casos acreditó su clasificación como violencia política por razón de género.

No obstante, en este año, formalizaron tres delaciones contra el exdiputado local y el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) detectó un discurso con contenidos de estereotipos hacia el sector femenino, por lo que remitieron copia certificada hacia la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH) y el Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) para que realicen las diligencias respectivas.

También, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional (PRI) evalúa la queja que interpuso una militante hidalguense, Margarita Santos Mendoza, contra el presidente del Comité Directivo Estatal, Julio Manuel Valera Piedras; en tal asunto incluyen señalamientos hacia el secretario de finanzas “tricolor”, Alfredo Erick Fosado Mayorga.

Finalmente, destacan al menos tres denuncias de posible violencia política cometida por la dirigente estatal de Morena, Sandra Alicia Ordoñez Pérez, principalmente por comentarios denigrantes hacia otras mujeres; sin embargo, en las sentencias no hubo elementos para acreditar la causal.