–Acciones contra servidores públicos corruptos que permitieron proliferación de empresas fachada en el Padrón de Proveedores y Contratistas 

ALTO

Staff Crónica Hidalgo

Tras una revisión exhaustiva desarrollada por la Secretaría de Contraloría, durante los primeros 100 días de la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, respecto a la normativa de los proveedores y contratistas del Gobierno de Hidalgo, se detectó que el 8 por ciento (%) de ellos compraban productos en plataformas digitales, que luego le revendían al estado hasta 300 % más caro.

El titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, señaló que la dependencia a su cargo detectó que un porcentaje importante tenía más de una actividad en el padrón, y en el que se sabe que al menos 40 empresas llegan a presentar hasta 86 actividades comerciales distintas, destapando así una red de corruptelas que fue solapado por administraciones pasadas.

Bardales Ramírez detalló que una de las inquietudes que se encontraron en campaña, era el constante reclamo de la ciudadanía respecto a la dificultad que significaba para los empresarios el ser incorporados, a los padrones de proveedores y contratistas del gobierno, sobre todo para aquellos que pertenecían a cámaras de comercio bien consolidadas de la entidad.

Por ello, gracias al trabajo conjunto con los organismos empresariales se impulsó la adecuación de 5 leyes y 15 instrumentos normativos, que permitan entre otras funciones, las contrataciones públicas con proveedores, contratista y prestadores de servicios íntegros, con códigos de ética, y así evitar el desvió de recursos y prevenir con ello una nueva “Estafa Siniestra”.

Finalmente, el funcionario estatal señaló que las empresas sospechosas serán dadas de baja del padrón y por lo cual habrá de hacerse la propuesta de modificación a la ley ante el Congreso local, a través de la conformación de un ‘Paquete Anticorrupción’ para que en el futuro los empresarios corruptos puedan tener consecuencias legales, ya que hoy por hoy, la ley no lo contempla. 

No obstante, subrayó que los que sí habrán de entregar cuentas en el ámbito legal, serán aquellos servidores públicos que no fueron capaces de señalar a las “empresas fachada” a pesar de que se dieron cuenta que no tenían domicilios, empleados o incluso mercancía, pero que de cualquier forma ‘le vendían al gobierno’.