Plan B, plagado de inconstitucionalidades
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA
–La alternativa a la Reforma Electoral constitucional, avalada por el Senado, afecta la capacidad organizativa de los comicios por parte de los órganos locales y el federal, por lo que por tanto es un riesgo para la estabilidad política
Rosa Gabriela Porter Velázquez
Reciente Reforma Electoral atenta contra el sistema democrático construido durante décadas, afecta la capacidad organizativa de los comicios y por tanto es un riesgo para la estabilidad política, advirtió el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Christian Uziel García Reyes.
Cuestionado por La Crónica de Hoy en Hidalgo sobre sus opiniones hacia las modificaciones que efectuó el Senado de la República a diversas leyes generales en materia electoral, el funcionario explicó algunos de los tópicos que trastocarán al sistema democrático mexicano y que también involucra a las entidades.
La Cámara Alta validó el denominado “plan B” de la reforma electoral que promovió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, principalmente con cambios a seis ordenamientos: Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Comunicación Social, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El consejero hidalguense recordó que fueron más de 450 artículos que cambiaron en las seis normativas, sin embargo, el proceso legislativo exhibió irregularidades y disposiciones inconstitucionales porque violentan el modelo compuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
“Es importante mencionar que esta reforma se aprobó en fast-track, no transitó el trámite legislativo, es un archipiélago de inconstitucionalidades que, hemos mencionado, atentan al sistema democrático construido a lo largo de décadas, que afecta la capacidad organizativa de las elecciones y por tanto en la estabilidad política y la gobernabilidad”.
Lamentó que en la discusión parlamentaria prevaleciera un desconocimiento total sobre la construcción del sistema electoral, no consideraron diagnósticos técnicos y jurídicos para fortalecer la democracia mexicana, por ejemplo, en tópicos como el manejo del padrón, la importancia de los órganos desconcentrados como las juntas distritales o el trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
Alertó que, de una valoración preliminar, de 17 mil 600 trabajadores del INE, prescindirán de al menos 7 mil personas; en tanto que con estas permutas desaparecerán más del 85 por ciento (%) de las 2 mil 600 plazas pertenecientes al SPEN en todo el país.
De ese total, 892 forman parte de la estructura del Registro Federal de Electores (RFE), área encargada de verificar la funcionalidad de los módulos para tramitar las credenciales para votar, la integridad del padrón y listados nominales, entre otras, pero con la reforma únicamente prevén a 32 encargados.
García Reyes también expuso el impacto que sufrirán las 300 juntas distritales, que las integraban cinco vocales, el ejecutivo, secretario, de organización, capacitación y del RFE, cada uno con actividades específicas y simultáneas en años sin comicios o con elecciones, ahora solo habrá una persona comisionada.
Finalmente, mencionó otros dos apartados que vulneran la autonomía del INE, las afectaciones al personal de la rama administrativa que no están sometidos a directrices burocráticas del gobierno en turno o que los módulos de atención no pueden instalarse en oficinas gubernamentales.