–Precisan riesgos de dicha reforma; acuden dirigentes a las entidades para explicar a la ciudadanía sobre repercusiones 

ADVERTENCIA 

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Advirtió el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que peligran los derechos políticoelectorales de las mujeres con el llamado “Plan B” de la reforma electoral que promovió el Gobierno Federal, pues significa un retroceso a disposiciones que procuraban la paridad de género y previenen que personas violentas sean candidatos.

En conferencia de prensa celebrada en Pachuca, Ángel Ávila Romero, representante del “sol azteca” ante el Instituto Nacional Electoral (INE) precisó que, ante los riesgos de dicha reforma, acuden a las entidades para explicar a la ciudadanía sobre las repercusiones de la misma.

Recordó que inicialmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con diputados y senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), pretendían cambios constitucionales en la materia, pero para ello requerían dos tercios de ambas cámaras.

Pese a la falta de acuerdos con la oposición, impulsaron permutas a seis ordenamientos que solo necesitaban mayoría simple: Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Comunicación Social, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con ellas, explicó, quitaron recursos humanos y económicos al INE, además de restarle facultades en diferentes actividades como la capacitación de funcionarios de mesas directivas de casillas, manejo del padrón electoral, elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), investigación de delitos en fiscalización, entre otras.

Además, algo muy grave como lo relacionado a la promoción de funcionarios públicos, lo cual permite que ahora las “corcholatas” o candidatos presidenciales de Morena utilicen recursos propios para difusión personalizada.

Por su parte, la diputada federal perredista, Elizabeth Pérez Valdez, alertó que este “plan B” afecta los más de 30 años de lucha feminista en los derechos políticoelectorales, por ejemplo, modificaron el artículo 456 inciso C, fracción III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en la que determinaba la pérdida de registro como candidatos a quienes acrediten como personas violentas o que cometieron delitos.

“Hoy la ley Salgado Macedonio es una realidad, ya personas violentadoras como ése, que es senador y en su momento intentó ser candidato a gobernador, puede llegar a serlo, pues, aunque acredite que tiene expedientes y es persona violenta, pueden llegar a cargos de elección popular”.

Otro aspecto negativo, agregó, es que desdeñan la inclusión del requisito obligatorio de la llamada 3de3 contra la violencia, para que los aspirantes a cargos de elección popular firmen documento bajo protesta de decir verdad que carecen de antecedentes, denuncias o sentencias como deudores alimenticios, acosadores sexuales o agresores en el ámbito familiar.

También, lamentó que eliminaron lo relacionado a que estatutos partidistas contemplen la paridad sustantiva y acciones para combatir la violencia política por razón de género; igualmente, otro cambio es que puntualiza a la materia electoral bajo estricto derecho, lo que inhibe la progresividad de los derechos políticoselectorales para cualquier ciudadano.

Finalmente, Ángel Ávila destacó que el “Plan B” ya provocó acciones de inconstitucionalidad por parte de cuatro partidos políticos, juicios de amparo en materia laboral de empleados del INE, así como controversias constitucionales que dirimirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de los juicios para la protección de derechos políticoelectorales ante Sala Superior.