Esperan judicialización de denuncia contra Ocampo

LLAMADO. Los trabajadores del sector salud indicaron que este es uno de varios asuntos pendientes.

-Más de 400 trabajadores están afectados por los cobros indebidos que hacen las financieras

PROCURADURÍA ESTATAL

Alberto Quintana Codallos

La denuncia interpuesta en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) contra irregularidades de la administración anterior y la lideresa del Sindicato de Salud, Sonia Ocampo Chapa, sigue su curso y sólo se espera su judicialización.

En conferencia de prensa, empleados de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Lidia Herrera, Julio Jiménez y Felipe Garibay Acuña, comentaron que más de 400 trabajadores están afectados por los cobros indebidos que hacen las financieras.

Los trabajadores del Sector Salud indicaron que éste es uno de varios asuntos pendientes que debe responder la actual Sonia Ocampo, ante la PGJEH.

Hasta el momento ya presentaron sus declaraciones los exfuncionarios de la Secretaría de Salud, Alejandro Benítez, Ignacio Valdez y Hugo Vázquez, quienes comentaron que Sonia Ocampo firmó el acuerdo con las financieras.

“La PGJEH está investigando las firmas falsas de los trabajadores de la SSH, ya que algunas registran compras que supuestamente hacían, por tanto, la carpeta de investigación regresará a la fiscalía porque hay delito que perseguir contra la líder sindical de salud. Una vez que el asunto se judicialice ante las autoridades se solicitará a la dirigencia nacional la renuncia de Sonia Ocampo al sindicato de salud del estado de Hidalgo, ya que así lo establecen los estatutos”.

Ella, ahondaron, debe entregar cuentas de las cuotas sindicales a los trabajadores, ya que desde hace varios años se desconoce en que utiliza los recursos económicos.

Además de informar la venta de plazas que hacía con los exfuncionarios del gobierno estatal de Omar Fayad, los montos por este concepto son desde los cien y 300 mil pesos.

Otro de los temas pendientes que tiene es de un terreno que fue donado por el gobierno del estado desde el 2006 y hasta el momento se desconoce para que fue utilizado o si fue  comercializado por la actual dirigente sindical.