RED NACIONAL 

Advirtió la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana sobre las decisiones arbitrarias y preocupantes en los acuerdos del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, el cual disminuyó los honorarios de los integrantes bajo el argumento de que su labor era mínima; en un comunicado alertaron que estas acciones demuestran una simulación en la política anticorrupción por parte de la actual administración.

El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades locales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; contará con un comité coordinador, integrados por los titulares de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Secretaría de Contraloría, Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIH); así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Estado, otro del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá y por lo menos tres titulares de las instancias municipales.

Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana (CPCP) del sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que destaquen por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

Hace una semana, los integrantes del CPC en Hidalgo denunciaron públicamente la pretensión del actual gobierno de desmantelar el sistema, reducir los montos que obtienen por honorarios, hubo supuestos actos ilegales en la convocatoria a la sesión extraordinaria del 31 de marzo, además de la destitución de la directora de Normatividad, Riesgos y Política Pública, Erika Celis Hernández, entre otros señalamientos.

Por ello, la Red Nacional de Comités, así como de las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas fijaron un posicionamiento respetuoso pero firme hacia el gobierno de Julio Menchaca Salazar para que restituya las condiciones originales del CPC.

“Las condiciones de opacidad que rodearon a la sesión, cuya publicidad debiera ser ejemplar, así como las graves irregularidades en su convocatoria, ponen en entredicho su viabilidad jurídica y son en sí mismas elementos preocupantes, como lo es también la decisión arbitraria, subrepticia e infundada de debilitar la representación ciudadana ante el Sistema Anticorrupción de la entidad”.

En el documento, la red puntualizó que la representación ciudadana exige un perfil y desempeño profesional, por lo que socavar condiciones materiales y económicas, frente a las contrapartes con personal y presupuesto, “es una clara invitación a la simulación”.

En palabras del titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana cobraban mucho dinero por las labores que realizaron, al respecto, la red nacional precisó que esos temas los discuten en los órganos de responsabilidad, con la debida garantía de audiencia.

“Por ello les instamos a que honren el compromiso que asumieron con la lucha anticorrupción y que a la brevedad esta arbitrariedad sea subsanada y revertida, y de existir observaciones que están sean solventadas por los canales institucionales y no por consigna política. La política anticorrupción que mereció tanto reconocimiento y aplauso es evidencia de las contribuciones de la participación ciudadana, por lo que tal celebración es una irónica paradoja mientras demeritan a sus coautores”.  (Rosa Gabriela Porter Velázquez)