Aunque ya la aprobaron en el Senado de la República, está el llamado a continuar el debate para armonizaciones locales

ESPACIOS 

Rosa Gabriela Porter Velázquez 

Enfatizó el titular del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Citnova), Francisco Patiño Cardona, que la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) evitará los “elefantes blancos”, fortalecerá la investigación con rigor, democratizada y habrá más jóvenes interesados; sin embargo, no habló sobre la presunta “militarización” de este sector.

Durante el debate sobre esta iniciativa presidencial que ya aprobaron el fin de semana en la Cámara de Senadores, Patiño dijo que “no vio mucha diferencia con la ley anterior”.

Además, repitió la información que difundieron en la conferencia de Presidencia de la República en la que denunciaron que supuestamente 45 mil millones de pesos emanados de fideicomisos para ciencia y tecnología eran canalizados a grandes empresas transnacionales y nacionales.

“El presidente se dio cuenta (de) que 15 mil millones de pesos se habían destinado a los políticos, por ejemplo, como Francisco Olvera Ruiz (exgobernador hidalguense) y otros a nivel nacional para crear ‘elefantes blancos’, como los creados en el estado, este espacio fue creado en esa época y en su momento fue un elefante blanco, ahora lo transformamos y se lo vamos a devolver a los científicos hidalguenses; otros ‘elefantes’, como el distrito de ciencia, tecnología e innovación que le llamaron pomposamente la Ciudad del Conocimiento y así por todo el país, que costó a investigadores más de 15 mil millones de pesos”.

En dicha actividad que duró más de dos horas, prácticamente todos los asistentes respaldaron y celebraron la citada legislación, principalmente en que es inclusiva al humanismo, pueblos originarios, medio ambiente, garantiza el derecho a la información, positiva para beneficiar a investigadores nacionales, fortalece la investigación con rigor científico, universalidad de becas o promueve colaboración por parte de la iniciativa privada.

Por mencionar un ejemplo, Dulce Olivia Fosado Martínez, investigadora y actual titular del Centro de Estudios para la Democracia en el Instituto Estatal Electoral (IEEH), comentó que era una ley bondadosa, “quienes hablan mal de ella, esos detractores (de la nueva ley de ciencia) es porque seguramente les quitaron fideicomisos”.

Sin embargo, en el panel no dialogaron concretamente sobre las dudas y preocupación que generó la inclusión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) en la Junta de Gobierno del Consejo General de Ciencia y Tecnología, ahora reemplazado con un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt); aspectos discriminatorios e inclusión de conceptos como “ciencia neoliberal”, etcétera.

CONTEXTO. Luego del “albazo” la semana pasada, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, para aprobar la Ley General en Materia de HCTI, impulsada principalmente por el presidente, Andrés Manuel López Obrador y la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla; organizaron un foro en Hidalgo para “analizar los impactos y beneficios” de la citada normativa.

Sin embargo, dicha ley carece del respaldo de la mayoría de la comunidad científica del país, universidades y planteles educativos, principalmente porque el Congreso de la Unión incumplió con las jornadas de parlamento abierto con diferentes sectores educativas, empresas, sindicatos, entre otras para delinear la ley.

Trascendió que la madrugada del 29 de abril, la Cámara de Senadores validó dicha normativa, ante un cuestionado y desaseado proceso legislativo que las bancadas de oposición denunciaron, además que trascendieron comunicados y posicionamientos sobre los riesgos de la denominada “Ley Buylla”.

Entre las inquietudes está la abrogación el Consejo General de Ciencia y Tecnología y lo reemplaza con un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt); incluye en la Junta de Gobierno a representantes de todas las secretarias, entre ellas la Sedena y Semar lo cual alerta sobre una eventual “militarización de la ciencia”.

Al otorgar todas las becas a alumnos de instituciones públicas, segrega a estudiantes de planteles privados; los 26 centros públicos de investigación en las entidades perderán autonomía presupuestal; priorizarán becas y financiamiento para quienes trabajen en líneas prioritarias definidas por el gobierno.

Cesión obligatoria de patentes y derecho de explotación; eliminación de la disposición que especificaba que en el presupuesto de cada año otorgarían el 1 por ciento (%) del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia y tecnología, ahora solo indica que será un monto superior a la anualidad anterior, entre otras.