– Ssa sigue con la suscripción de Acuerdos de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en Materia de Control y Fomento Sanitarios, este 2023

MAGNITUDES 

Alberto Quintana Codallos

La Secretaría de Salud federal (Ssa) sigue con la suscripción de Acuerdos de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en Materia de Control y Fomento Sanitarios (ACF) durante el 2023, informó la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh).

El área, dependiente de la Secretaría de Salud de la entidad (SSH), indicó que se establecieron compromisos y responsabilidades para el ejercicio de facultades de vigilancia y verificación sanitaria, emisión de autorizaciones sanitarias, generación y envío de información, análisis de riesgos y atención de emergencias.

La presente estrategia se implementa en apego al marco normativo vigente en materia de protección de la salud, orientada a promover los valores, las reglas de integridad y ética en el servicio público en las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS), en el pleno y debido ejercicio de las personas servidoras públicas.

Mediante la prevención de conductas que representen posibles actos de corrupción y que repercutan en la debida ejecución de los procesos de operación y fomento sanitarios en el SFS, fortaleciendo así la honradez, la eficiencia, la eficacia, e imparcialidad de la persona servidora pública.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016 y 2020 (ENCRIGE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sector privado percibe que los actos de corrupción se producen principalmente para agilizar trámites, evitar multas o sanciones, evitar la clausura de un establecimiento, pagar menos impuestos, obtener licencias o permisos y evitar inspecciones.

Estos resultados derivan de que las personas usuarias enfrentan rigidez y poca claridad de los requisitos, tiempos de atención y cuotas de los trámites que realizan, quedando expuestas al abuso del poder e ineficiencia gubernamental.

Lo anterior se refleja en que para el año 2019, el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos fue de 12 mil 778 millones de pesos, equivalente a 3,822 pesos promedio por persona afectada (Inegi, 2019).

La Cofepris en el año 2019, a través de la Coordinación General del Sistema Federal Sanitario (CGSFS) en el ámbito de su competencia, identificó elementos esenciales para la debida operación de las 32 APCRS, donde solamente un número reducido de las mismas contaban con los aspectos. 

Fenómeno de la corrupción en el sector público

A través de la Cofepris, en 2003 se estableció en el Reglamento de este órgano desconcentrado, el Sistema Federal Sanitario (SFS) con el propósito de conducir la política nacional de protección contra riesgos sanitarios de manera coordinada con los gobiernos de las entidades federativas, a través de las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Derivado del diseño de esta política pública es fundamental que las acciones de vigilancia, verificación y autorización sanitaria sean ejecutadas por parte de las entidades federativas en apego a la normatividad y procedimientos establecidos.

Las APCRS por la relación que guardan con los sectores regulados y población en general, son instancias públicas vulnerables a actos que atentan contra el debido ejercicio del servicio público (corrupción). lo que compromete los efectos de las acciones de protección contra riesgos sanitarios.

La corrupción implica una apropiación, abuso, violación o mal uso del poder público que ejercen las personas servidoras públicas o representantes de elección popular, con la finalidad de obtener beneficios particulares.

Esta práctica supone dos partes: la persona servidora pública que abusa de su cargo y la que promete o entrega cualquier beneficio para ser favorecida.

En el contexto de la administración pública, la corrupción se concibe como el abuso de un cargo público para obtener una ganancia privada, práctica que constituye una forma específica de dominación que tiene que ver con un diferencial de poder estructural. 

El fenómeno de la corrupción en el sector público puede ser entendido como el beneficio indebido que obtiene un servidor público, a costa del bienestar colectivo o individual por acción u omisión en la realización de su trabajo.

El cual puede ser resultado de las deficiencias en los procesos y en la aplicación de las normas, la falta de una cultura ética y organizacional, y la prevalencia de un inadecuado sistema de selección y profesionalización del personal.

La corrupción se define como un problema público debido a que representa la desviación de los objetivos del aparato estatal hacia los particulares, lo que genera un impacto negativo en distintos ámbitos de la sociedad reflejados en la desconfianza hacia las instituciones públicas, la limitación en el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía, la desigualdad social y la baja calidad y acceso limitado a los servicios públicos.

De acuerdo con el alcance y naturaleza del punto de contacto, las interacciones que se originan pueden materializar diferentes formas de corrupción (como el soborno, cohecho, colusión, actuación bajo conflicto de interés, tráfico de influencias, coerción).

En el ámbito de la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, los efectos de las acciones de regulación, vigilancia y fomento sanitarios pueden ser limitados por prácticas de corrupción.

La estrategia contempla la instalación y funcionamiento de cámaras de videograbación en espacios de atención al público usuario.

En estos espacios dedicados a la orientación y resolución de dudas de los usuarios sobre atención a denuncias sanitarias, seguimiento a visitas de verificación, trámites, procedimientos de sanción, notificaciones, dictámenes, entre otros asuntos, quedará grabado en video el actuar y las intervenciones de los servidores públicos de las APCRS.

Con lo que se garantizará se brinde información clara, completa y oportuna, así como la calidad del servicio, se prevendrán posibles actos de corrupción al transparentar los procedimientos, fortaleciendo la cercanía entre los usuarios y el APCRS.