ANDRÉS TORRES AGUIRRE

El 23 de marzo pasado se publicó en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, el decreto número 494 que autoriza a los todos los municipios a gestionar y contratar crédito. De la misma forma, instruye como fuente de pago de los financiamientos un porcentaje del fondo para la infraestructura social.

El decreto viene acompañado de una tabla con el cálculo para el monto máximo de deuda a contratar en cada uno de los 84 municipios. 

Claramente se advierte en el decreto que aquellos municipios que decidan adquirir deuda deberán terminar de pagarla en agosto del 2024, un mes antes de concluir la vigencia de la actual administración.

Apenas hace un par de semanas concluyeron las reuniones entre alcaldes y alcaldesas, funcionarios de la Secretaría de Finanzas así como ejecutivos de Banobras, cuyo objetivo fue capacitar al personal de los ayuntamientos para elaborar proyectos de infraestructura y los expedientes correspondientes que sirvan para gestionar créditos antes el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Pero esta oportunidad no será tomada por muchos municipios hidalguenses y las razones son muchas:

-Estrictamente, la medida permite que los ayuntamientos reciban recursos anticipados, ya que el pago de los créditos se garantiza a través del programa “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”. Ese dinero de toda forma llegará a cada uno de los 84 municipios, eso sí, no sabemos en qué momento de hoy a septiembre del 2024.

-La falta de capacidad de los y las alcaldesas para elaborar un proyecto de obra social que se viable en términos de utilidad, tiempo de construcción y pago de deuda.

-La pésima relación política entre regidores, alcaldes y personal de los ayuntamientos lo que haría imposible que el Cabildo autorice contratar deuda.

-Muchos presidentes municipales tienen puesta la mira en las elecciones del 2024 y a menos que deseen reelegirse, no van a preocuparse por generar más infraestructura.

Dos ejemplos muy claros de este problema que plantea la posibilidad de contratar deuda son los de los ayuntamientos de Tizayuca y Mixquiahuala. Ambos gobernados por Morena; curiosamente la presidenta y el presidente, respectivamente, son simpatizantes de Claudia Sheinbaum.

La semana pasada, Susana Ángeles Quezada, presidenta de Tizayuca, intento convencer a los regidores para aprobar la contratación de un crédito por 6 millones de pesos, pero la solicitud fue rechazada por la falta de acuerdos políticos.

En Mixquiahuala, José Ramón Amieva Gálvez, presentó a los regidores locales un proyecto para solicitar un préstamo de 19 millones 657 mil 770 pesos con una tasa de interés anual de 12. 6 por ciento (unos 366 mil 282 pesos). La propuesta señala que, de ser aprobada, los recursos estarían disponibles el 19 de junio próximo.

El único problema y la razón por lo cual se rechazó unánimemente la propuesta del alcalde de Mixquiahuala es que no dice para qué quiere el dinero, tampoco ofrece, desde el inicio de su administración, datos sobre el uso de los recursos públicos; tan opaca es la labor administrativa en ese municipio que al no presentar proyecto presupuestal para el 2023, el Congreso de Hidalgo determinó entregarles exactamente la misma cantidad de dinero que en el 2022, algo que en términos de políticas públicas y gestión social es un error mayúsculo.

Con estos dos ejemplos, podría formarse un panorama general sobre el costos-beneficio para los hidalguenses, la posibilidad de que las y los alcaldes lleven la gestión de créditos para obra e infraestructura.

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