–La Sala Regional Especializada determinó que la mandataria expresó violencia sexual, simbólica, verbal, mediática, digital y psicológica

EN REDES SOCIALES

Rosa Gabriela Porter Velázquez  

Derivado de las denuncias interpuestas por diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellas las hidalguenses, Carolina Viggiano Austria y Norma Angélica Aceves García, contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, la Sala Regional Especializada determinó que las publicaciones de la mandataria contienen violencia sexual, simbólica, verbal, mediática, digital y psicológica, que afectó la dignidad, seguridad, libertad, integridad, derechos al honor y la intimidad, al demeritar el desempeño legislativo, inteligencia y capacidades de las representantes “tricolores”.

En Twitter y YouTube, la mandataria de Campeche, la Unidad de Comunicación Social, el Sistema de Radio y Televisión del mencionado gobierno estatal, al igual que otros dirigentes de Morena y usuarios de las mencionadas redes sociales en el país emitieron expresiones con referencias alusivas al cuerpo de las legisladoras priistas.

Sansores San Román declaró públicamente que aparentemente contaba con pruebas sobre la existencia de fotografías de índole sexual de diputadas federales del PRI, las cuales supuestamente pertenecían al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, tales dichos generaron réplicas con elementos misóginos y discriminatorios por razón de género.

Por ello, más de una veintena de diputadas federales priistas formalizaron medios de impugnación en julio del 2022; primero ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), quien emitió medidas cautelares como el retiro de las publicaciones y encauzó el asunto hacia Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el expediente, SRE-PSC-47/2023, enfatizaron que la gobernadora de Campeche cometió violencia política por razón de género; mientras que, las personas ciudadanas responsables de las cuentas denunciadas, como las personas titulares de las unidades de Comunicación Social y del Sistema de Televisión y Radio, cometieron la infracción al publicar, difundir o, en diversos casos concretos, por no realizar el retiro de las publicaciones que fue ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

De ahí que amonestaron a ciertos perfiles, otros los multaron económicamente y ordenaron disculpas públicas, en el caso de Layda Sansores y las personas infractoras las inscribirán en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política de género, bajo una permanencia entre seis meses hasta cuatros años, según el imputado.