-Formalizan segundo paquete de reformas electorales y otras de distinta índole, expone Juan Carlos Ortiz Solares, director general de Estudios Legislativos del Despacho del Gobernador

BIÓSFERA

 Rosa Gabriela Porter Velázquez

Además de la reciente reforma electoral que remitió el mandatario, Julio Menchaca Salazar, prevén otras iniciativas para actualizar diversos ordenamientos en materia de recaudación o del código civil, igualmente cambios legales que fortalezcan los mecanismos del combate a la corrupción, explicó Juan Carlos Ortiz Solares, director general de Estudios Legislativos del Despacho del Gobernador.

Esta semana, el titular del Poder Ejecutivo remitió al Congreso local diversas modificaciones al Código Electoral y la Ley Orgánica Municipal relacionadas a la revocación de mandato, criterios y mecanismos de relección y austeridad en la estructura del Instituto Estatal Electoral (IEEH).

“La Ley de Revocación de Mandato lo maneja de manera muy general, lo que tenemos que hacer es señalarlo en el Código Electoral del Estado cómo se llevará a cabo ese tema de revocación de mandato, cómo serán esos medios de impugnación y cuáles son los medios que puede acceder toda persona interesada”.

El funcionario estatal mencionó que en la revisión del marco jurídico de la entidad detectaron varias normativas que perdieron vigencia o que requieren actualización conforme las legislaciones generales, aspectos de derechos humanos, jurisprudencias o tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otras.

“Unas serán necesario abrogarlas y expedir nuevas leyes, acorde a la nueva administración pública y nuevos tiempos que estamos viviendo, como una ley que no funcionó, la Ley de Recaudación, pero es una ley vieja que no se ha implementado dentro del estado y eso habría que retomarlo; igualmente el Código Civil del estado es muy viejo, habría que modificarlo, pues al gobernador también le interesa mucho el tema familiar, actualizar en esa materia, se van a venir una serie de reformas en esa materia”.

De igual forma, delinean modificaciones legales para implementar planes anticorrupción, para ello incluso dialogan con personas conocedoras del tópico como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado (Itaih) o la Procuraduría General de Justicia (PGJEH).

“Trabajamos un paquete anticorrupción que implica una serie de reformas a diversas leyes, incluso se prevé la creación de una Ley de Austeridad en el Estado, se está trabajando con gente experta en el tema, con Itaih, PGJEH y Fiscalía Anticorrupción”.

ARRIBA SEGUNDO PAQUETE DE REFORMAS ELECTORALES. Tras la aprobación del empate de elecciones, el Poder Ejecutivo propuso las permutas complementarias respecto a la reelección de presidentes municipales, síndicos y regidores: tienen que renunciar 60 días antes de la contienda; la postulación sólo será por el mismo partido o integrantes de la coalición, a excepción de que renuncie o pierda su militancia antes de la mitad de su mandato; prohibido que integrantes que ocuparon un espacio como propietarios durante dos periodos consecutivos los reelijan como suplentes en el lapso inmediato.

Suplentes pueden postularse como propietarios en la contienda inmediata, o electas para el mismo cargo hasta por un periodo adicional, siempre que no hayan estado en ejercicio del cargo durante el periodo de suplencia.

Solicitarán su registro en el mismo municipio para el que fueron electos previamente; informarán su aviso al partido cuando menos 30 días antes del inicio de las precampañas, en el caso de independientes, notificarán al IEEH en el mismo tiempo.

REDUCIR COSTOS Y PRECISAR REVOCACIÓN DE MANDATO. Dentro de las iniciativas del ámbito electoral que apenas envió el gobernador para su discusión y aprobación, destaca la eliminación de los 84 consejos municipales, órganos desconcentrados del IEEH encargados, entre otras cuestiones, de registrar candidaturas, recibir material electoral y los paquetes el día de la jornada electoral, realizar cómputos o posibles recuentos.

El argumento principal de la oficialía estatal es el ahorro que significará que el instituto prescinda de estas figuras, pues ahora serían los 18 consejos distritales quienes asumirán dichas funciones tanto para comicios de diputados locales como de renovación de presidencias municipales.

Asimismo, proyecta que para el 2060, con la organización de 13 procesos electorales, el gasto para estas figuras superará los 555 millones de pesos, de ahí la relevancia de quitarlos al igual que en otras entidades como Tabasco, Baja California, Ciudad de México y Guerrero.

En cuanto a la revocación de mandato, detalla el régimen sancionador para las personas que intervengan en este ejercicio de participación ciudadana, establece al recurso de revisión como medio de impugnación para agravios de las personas que solicitaron este proceso; también el juicio de inconformidad para refutar los resultados y el de protección de derechos políticoelectorales del ciudadano.

Finalmente, pormenoriza las sanciones para ciudadanos, observadores u organizaciones involucradas en la revocación de mandato en caso de impedir este ejercicio, uso de recursos públicos para su promoción ilegal, en tanto que rechaza la entrega de bonificación hacia los representantes de partidos políticos en las casillas que instalen durante esta actividad.