Staff Crónica Hidalgo

Para producir efectos jurídicos y brindar mayor certeza, el Gobierno de Hidalgo publicó en el Periódico Oficial del Estado los reglamentos internos de las dependencias, mismos que consisten en normas de carácter general, de las cuales las personas servidoras públicas a quienes les resulten de observancia obligatoria deberán conocer su contenido, de manera que estén al tanto de sus atribuciones, facultades, y las responsabilidades que se les fincarán en caso de que incurran en incumplimiento o en irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Ante ello, la Secretaría de Contraloría, encabezada por Álvaro Bardales Ramírez, establece las bases relativas a su organización, funcionamiento y la delegación de facultades a las unidades administrativas, acorde con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública y a los principios rectores del servicio público presentes en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para cumplir con el compromiso del mandatario estatal, Julio Menchaca, de transformar la realidad de la sociedad hidalguense e incorporar la austeridad como principio conductor de la administración, y eje estratégico del gasto público, la dependencia elimina todo tipo de duplicidades, evita el despilfarro y atiende las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.

Es así que las quince direcciones generales que se tenían en la administración pasada se han reducido a cinco, y la Dirección de Administración y Transparencia queda en el nivel de dirección de área. Asimismo, cambian de nombre las siguientes direcciones generales: Combate a la Corrupción por Auditoría Gubernamental, Combate a la Impunidad por Responsabilidades Administrativas, Padrones y Procedimientos de Contratación por Normatividad.

Con el objeto de fortalecer la Dirección de Responsabilidades Administrativas, se crea la Dirección de Investigación y se establece la figura del actuario, áreas sustantivas para el combate a la corrupción y la correcta aplicación de la Ley.

Finalmente, se eliminan todas las funciones no reguladas con un análisis de viabilidad de las atribuciones, de conformidad con los principios de racionalidad, austeridad, contención y disciplina del gasto público.