– Desde Secretaría de Contraloría están pendientes sobre posibles anomalías en la adjudicación de obras, licitaciones o contratos durante la pasada administración

 ETIQUETAS 

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Prevalecen las verificaciones e investigaciones por parte de la Secretaría de Contraloría sobre posibles anomalías en la adjudicación de obras, licitaciones o contratos durante la pasada administración, de acuerdo con el titular, Álvaro Bardales Ramírez, hay una revisión permanente en el padrón de proveedores y contratistas a fin de ubicar incumplimientos de requerimientos, empresas “fachada”, domicilios inexistentes o registros irregulares.

El funcionario recordó que en lo que va del gobierno de Julio Menchaca Salazar ya dieron de baja 68 personas morales y/o físicas por un periodo de cinco años, debido a ciertas inconsistencias detectadas, como que la información que proporcionó para la inscripción resultó falsa o haya actuado con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato, en su celebración o en su cumplimiento.

De igual forma, que no cumpla en sus términos con algún contrato por causas imputables a él y perjudique con ello gravemente los intereses de los convocantes afectados; incurra en actos, prácticas u omisiones que lesionen el interés general o los del estado; que no reúna los requisitos para su registro.

Además de otros factores como que se declare su quiebra fraudulenta; haya aceptado o firmado contratos en contravención a lo establecido por la normativa, por causas que le fuesen imputables; que exhiba incapacidad legal para celebrar actos o contratos o exista resolución por la que rescinde administrativamente algún convenio por causa imputable al proveedor.

También, la dependencia estatal localizó 13 registros ilegales, con documentación falsa o alterada para acceder a procedimientos de licitación.

El padrón de proveedores actualmente es de poco más de 6 mil registros, mientras que contratistas y prestadores de servicios un total de mil 781.

Al respecto, Bardales Ramírez reconoció que en este momento hay mucha demanda de interesados en formar parte de las proveedurías de gobierno, por lo que en todos los casos verifican su domicilio fiscal, que acaten los requisitos y que no tengan antecedentes negativos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).