–ADMINISTRACIÓN. Se prevé no crear plazas, salvo que cuenten expresamente con recursos aprobados para tal fin, así como aquellas que sean resultado de reformas jurídicas

PODER EJECUTIVO

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Puntualiza el presupuesto de egresos para el 2024 las disposiciones que tomarán en cuenta las dependencias y entidades del gobierno de Hidalgo respecto a medidas de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública.

Entre ellas prevé no crear plazas, salvo que cuenten expresamente con recursos aprobados para tal fin, así como aquellas que sean resultado de reformas jurídicas; la remodelación de oficinas será limitada a lograr una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles que generen economías en el mediano plazo, las que sean para reparar daños provenientes de casos fortuitos, así como las que tengan por objeto mejorar y optimizar la atención al público.

La contratación consolidada de materiales y suministros corresponderá a la Oficialía Mayor, tales como equipo, muebles, estantería o gastos de oficina, útiles consumibles para el procesamiento en bienes informáticos, combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres, refacciones y accesorios menores de edificios; servicios como energía eléctrica, agua o internet, arrendamiento de edificios, entre otros.

Con la Oficialía Mayor realizarán las acciones necesarias para incorporar a las pólizas institucionales, aquellos seguros sobre personas o bienes contratados.

La Secretaría de Gobierno autorizará las estrategias y programas de comunicación social, registrará los gastos derivados de las partidas relativas a difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios e información en medios masivos derivado de la operación y administración de las dependencias.

Únicamente podrán contar con personal de seguridad con cargo al presupuesto el gobernador y servidores públicos que por el ejercicio de sus funciones así lo requieran; los vehículos solo podrán utilizarse para el ejercicio de las funciones de los servidores públicos y para la atención directa a la población.

Aprovecharán las tecnologías de la información y la comunicación existentes para realizar reuniones a distancia y reducir los viajes oficiales, los cuales autorizarán cuando sean estrictamente necesarios.

En comisiones oficiales que sean necesarios no autorizarán la adquisición de servicios de lujo, primera clase o equivalente, ni servicios privados de aerotransporte.

Si no crean programas nuevos o amplían las metas, los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones y eventos culturales, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.

Solo permitirán la constitución de fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados, realizar aportaciones, transferencias y pagos de cualquier naturaleza que cumplan con las disposiciones de disciplina financiera, transparencia y fiscalización del gasto.

En este apartado aclara que estos recursos, así como activos, derechos, títulos, certificados o cualquier otro análogo que aporten o incorporen al patrimonio de fondos o fidecomisos serán públicos y no podrá invocar secreto o reserva fiduciaria para su fiscalización.

También limitarán las erogaciones por concepto de gastos en congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, conferencias o cualquier otro tipo de foro o evento análogo, así como por concepto de giras, audiencias y gastos de orden social.

Establece que informarán trimestralmente y en la cuenta pública al Congreso local respecto al avance en los programas de reducción del gasto.

Finalmente, destaca que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos implementarán medidas equivalentes respecto a la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales, para ello publicarán, a más tardar el último día hábil de febrero, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro.