FISCALIZACIÓN 

Corroboró la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las multas que impusieron al Revolucionario Institucional (PRI) tras omitir gastos realizados por concepto de traducción e interpretación en lenguas indígenas de documentos partidistas durante el ejercicio 2022 en Hidalgo.

Derivado de las irregularidades encontradas en los ingresos y gastos ordinarios del 2022, específicamente del PRI estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó una sanción total de 6 millones 398 mil 324.48 pesos, entre las anomalías detectadas están la falta de egresos comprobados, sin documentación fiscal que justifique recursos asignados, presentación extemporánea de informes o comprobantes, entre otros.

En el recurso de apelación, SCM-RAP-12/2023, el “tricolor” señaló que las pruebas aportadas a la autoridad fiscalizadora fueron indebidamente valoradas, además de una presunta falta de exhaustividad en el asunto, sin embargo, los magistrados regionales declararon como infundados los agravios.

“Como lo sostuvo la autoridad fiscalizadora en la resolución impugnada, no se localizaron las versiones de los documentos básicos a traducirse y que además el proveedor aparece en el Registro Nacional de Proveedores como detalles de productos y servicios con actividades de servicios profesionales, estudio e investigación a través de encuestas, de ahí que, el ponente considera que la autoridad fiscalizadora realizó una debida valoración probatoria y fue exhaustiva”.

A detalle, en dicha observación, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE no encontró evidencia sobre los trabajos realizados por el proveedor, Mauricio Hevia Vargas, para la traducción de los estatutos priistas a las lenguas náhuatl y hñañhu, actividad de la cual erogaron 370 mil 600 pesos.

La UTF recalcó que, aún y cuando el PRI entregó un contrato de prestación de servicios, realizó operaciones con un proveedor que no cuenta con la actividad económica, así como tampoco la experiencia para llevar a cabo la referida traducción.

De igual forma, omitió la documentación que acredite la adquisición del servicio, como facturas, recibos, contratos, fichas de depósito o comprobantes de transferencias, por tanto, la Sala Regional Ciudad de México confirmó el castigo económico hacia el Revolucionario Institucional en Hidalgo.

(Rosa Gabriela Porter Velázquez)