DETALLES Ahora por omisiones en el cumplimiento de la sentencia de Sala Superior del Tribunal Electoral del TEPJF que ordenó a los OPLES implementar medidas que fortalezcan la máxima publicidad hacia pueblos y comunidades indígenas

FINO

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Formalizaron denuncia contra consejeros y la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEEH), María Magdalena González Escalona, ahora por omisiones en el cumplimiento de la sentencia de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó a los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE) implementar medidas que fortalezcan la máxima publicidad hacia pueblos y comunidades indígenas.

Desde julio del 2023, Sala Superior emitió la sentencia SUP-JDC-56/2023, en donde dieron vista a los 32 OPLE para que diseñen procesos de difusión entre pueblos, comunidades indígenas y partidos políticos en cuanto a las acciones afirmativas a implementarse, así como la relevancia de las asambleas generales comunitarias para otorgar la adscripción calificada.

Sin embargo, ante un presunto incumplimiento del mencionado fallo por parte a del IEEH, recientemente interpusieron el juicio ciudadano, SUP-JDC-70/2024 en el que también señalaron la omisión de designar a un encargado para la Dirección Ejecutiva de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas con todas sus consecuencias legales y fácticas; así como la falta de acciones eficaces y absolutas para acatar el dictamen del año pasado.

Algunas de las disposiciones que el instituto hidalguense tenía que cumplir era reconocer a las asambleas generales comunitarias como la máxima autoridad para otorgar la constancia que acredite la autoadscripción calificada, así como el establecimiento de un listado de entes acreditados para brindar dicho documental con las justificaciones pertinentes; de igual manera diseñar metodologías o lineamientos para divulgar estos procesos hacia el sector autóctono.

Ésta no es la primera queja contra la presidenta del IEEH, también ante Sala Superior, la consejera, Ariadna González Morales, acusó obstrucción en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que ostenta, acoso laboral y omisión de adoptar medidas eficientes para generar un ambiente colegiado y toma conjunta de las decisiones en Consejo General, entre otras.