Organismo dependerá del TEEH y se creará tras la reducción del salario del magistrado presidente Leodegario Hernández Cortez

DERECHOS POLÍTICOELECTORALES

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Derivado de la reducción del salario del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado (TEEH), Leodegario Hernández Cortez, promoverán la reforma que agrega diversos artículos al reglamento interno del órgano jurisdiccional para crear la Defensoría Pública de la Ciudadanía, misma que brindará servicios de asesoría para la protección de los derechos políticoelectorales de grupos vulnerables, como adultos mayores, mujeres, jóvenes, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas de la diversidad sexual y con discapacidad.

Tras su arribo como presidente, disminuyó su salario mensual de 73 mil 207.13 pesos a 54 mil 889.10 pesos, cantidades que servirán para impulsar dicha defensoría.

“Se pretende que los grupos históricamente vulnerados, las mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes, la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans y más (LGBT+) tengan acceso a un abogado que pudiera llevar sus asuntos de manera especializada ante este órgano jurisdiccional, creo que es lo básico que podemos nosotros aportar a la vida democrática de nuestro estado y país”.

Próximamente, los magistrados expondrán las diversas reformas al reglamento interno para incluir este órgano administrativo.

Cabe recordar que en la última reforma electoral, los diputados no incluyeron este ente que tendría independencia técnica y de gestión en su función; con las funciones de recibir, tramitar, dar seguimiento y conclusión de las solicitudes, quejas, denuncias y procedimientos relacionados con el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las personas físicas y con los mecanismos e instrumentos de democracia directa, participativa, representativa y procesos democráticos, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia y de brindar a la ciudadanía hidalguense su derecho al debido proceso.

En la propuesta inicial y que finalmente desdeñaron en el Congreso local, preveía servicios gratuitos de asesoría y defensa respecto al inicio y desarrollo de mecanismos de participación ciudadana, otros asuntos como quejas, denuncias e impugnaciones que conlleven la necesidad de protección de los derechos políticoelectorales de grupos vulnerables, como adultos mayores, mujeres, jóvenes, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas de la diversidad sexual y con discapacidad, así como aquellos que entrañen la necesidad de apoyo institucional ante la advertencia de un esquema de desigualdad entre las partes.