–PRESUNCIÓN. Señalan familiares del menor fallecido, que el directivo escolar ya estaría prófugo de la justicia y tal vez intentaría escapar del país

SANTIAGO DE ANAYA

Alberto Quintana Codallos

La jueza de control del Tercer Distrito Judicial en Hidalgo giró una orden de aprehensión contra el director Rufino J.R. y la maestra Isela P., de la Escuela Primaria “Benito Juárez”, ubicada en Santiago de Anaya, tras la muerte del menor Adriel M. M., un estudiante de sexto grado. 

La orden se emitió a petición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) dentro de las investigaciones por homicidio culposo relacionadas con la causa penal 131/2024.

De acuerdo con la información, Adriel fue golpeado por dos compañeros en el salón de clases y según declaraciones de testigos, tanto el director como la maestra estaban al tanto de la situación de bullying que sufría el menor, después de la agresión no intervinieron.

Fuentes cercanas a la familia del pequeño informaron que Rufino J.R. podría haber abandonado su domicilio y según otras versiones, habría intentado salir del país para evadir la justicia.

La situación ya fue comunicada al encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, quien se comprometió a buscar colaboración internacional para eludan las consecuencias de sus actos.

Por el momento, se desconoce el paradero actual del director y se espera que las autoridades implementen las medidas necesarias para su localización y captura, para presentarlo ante las autoridades competentes.

VINCULACIÓN POR FRAUDE. Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso para una persona identificada con iniciales J. F. D. C., investigada por hechos que la ley sanciona como fraude.

La víctima denunció ante la PGJEH que, en abril de 2015, contrató los servicios legales de la firma jurídica representada por el ahora imputado, quien bajo el pretexto de supuestos trámites que debía hacer, solicitó más de 500 mil pesos, entre el 21 de agosto del 2016 y el 21 de octubre del 2022.

Sin embargo, dichos trámites bajo los que justificó el recurso solicitado fueron inexistentes, razón por la que la víctima denunció los hechos ante esta representación social que inició la carpeta de investigación correspondiente por fraude.

En la denuncia que se recibió, personal ministerial reunió los datos de prueba contra J. F. D. C., propietario de una firma jurídica con sede en Pachuca.

Una vez que dichos datos de prueba fueron presentados ante un juez de control, el Ministerio Público formuló imputación contra el probable responsable y obtuvo el auto de vinculación a proceso.

El imputado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva y para el cierre de la investigación complementaria el juez otorgó un plazo de cuatro meses.