OPORTUNIDAD

Consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEEH) determinó la ruta para cumplir con la sentencia de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto al diseño de procesos de máxima publicidad entre pueblos y comunidades autóctonas.

En la sentencia SUP-JDC-56/2023, los magistrados dieron vista a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para que implementen medidas que fortalezcan la máxima publicidad hacia pueblos y comunidades indígenas.

Dentro del fallo reconocen a las asambleas generales comunitarias como la máxima autoridad para otorgar la constancia que acredite la autoadscripción calificada, así como el establecimiento de un listado de entes acreditados para brindar dicho documental con las justificaciones pertinentes; ordenan al Instituto Nacional Electoral (INE) a incluir en los lineamientos los procesos de divulgación entre este sector y que los OPLE diseñen metodologías similares en el ámbito local.

Al cuestionar sobre estas actividades a la presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Políticos Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas, Ariadna González Morales, explicó que desde la resolución requirió a las áreas que diseñaran una estrategia para tratar el tema, sin embargo, la secretaría técnica de la comitiva indicó que ya trabajaban una propuesta, a petición de la presidenta, María Magdalena González Escalona.

“Básicamente la presidencia es quien a partir de ese momento pues tomó la línea, la ruta de atención que se le daría. Hace unas semanas precisamente el secretario técnico, el encargado de despacho de la dirección de pueblos y comunidades indígenas presentó una ruta en un primer momento con la presidencia, aprobado por la presidencia, lo presentó y posteriormente lo socializamos con los integrantes de la comisión donde se trae una ruta de atención a partir de asambleas informativas”.

Abundó que la intención era acudir a cerca de 50 municipios catalogados como indígenas, principalmente para exponer lo relativo a la adscripción calificada y las reglas inclusivas de postulación, por ello consideraron un primer acercamiento con presidencias municipales y, a través de ellos, notificar a las delegaciones comunitarias para celebrar reuniones informativas, también vía redes sociales y perifoneos.

La consejera González Morales aclaró que ella no participó en esos talleres, por lo que solicitó a la presidencia información sobre estos trabajos y el personal asignado para ello.

“Finalmente las comisiones tenemos ciertas atribuciones y esas atribuciones son las que deberían dar paso a que podamos interferir en las actividades de las unidades técnicas o de direcciones ejecutivas, porque básicamente a partir de las comisiones es como se genera el trabajo institucional, si bien algunas cuestiones que son de manera administrativa, por ejemplo, el tema de los viáticos, son cuestiones que la comisión no tiene cabida, pero si el poder marcar líneas de trabajo, y entonces es lo que me genera un poquito de conflicto el que no se pueda llevar a cabo de una manera, a mi parecer, adecuada el tránsito de los trabajos institucionales a partir del Consejo General, las comisiones y en su caso pues la secretarías técnicas, direcciones técnicas y unidades técnicas”. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)