Leonardo Herrera
Para la organización Impulso 18, Hidalgo está entre los 5 estados del país con más conflictos religiosos y uno de los tres más críticos sin resolver desde hace 3 meses, con 151 personas desterradas de sus comunidades indígenas de la huasteca solo por pertenecer a una iglesia diferente a la católica, sin que hasta ahora, las autoridades lo resuelvan.
El caso de los desplazados de Coamila y Rancho Nuevo, se agudizó en el mes de abril, cuando las autoridades comunales decidieron expulsarlos, no sin antes amenazarlos, retirarles los servicios básicos, impedirles el uso del panteón comunal, allanar su templo y despojarlos de sus tierras.
Pablo Vargas Jiménez,  representante de Impulso 18 perteneciente a la Christian Solidaryti Worldwide, dedicada a la investigación de esos casos en el mundo, señala que,  hay indiferencia de las autoridades municipales de Huejutla para atender el problema de los indígenas que se encuentran hacinados en el auditorio municipal de Colalambre y advierte que, pareciera que esperan a que concluya la actual administración para heredar el problema a la siguiente.
El conflicto que tiene a 70 niños sin escuela, mujeres sin acceso a servicios de salud y hombres sin fuente de ingresos, se agudiza porque las autoridades comunales de los poblados indígenas tratan de disfrazar en usos y costumbres y falta de cooperación la “salida de las 40 familias” y no reconocer que hay intolerancia religiosa o discriminación por credo, como se clasifica ahora este delito.
Pero sí en el papel el gobierno municipal es indolente y hasta parcial, el de la Dirección de Asuntos Religiosos a cargo de Margarita Cabrera Román, es aún peor, pues ha sido ignorada por los delegados de las comunidades expulsoras, en las reuniones donde han tratado de sentarse para dialogar y llegar a un acuerdo.
Incapaz y rebasada en este conflicto, la funcionaria no ha logrado restablecer una mesa con las partes involucradas y la única respuesta que tiene en la mano es que los evangélicos desplazados paguen 700 mil pesos, para regresar a sus hogares, algo impensable para un poblado considerado entre los más pobres del estado, de acuerdo con el Coneval.
Hoy,  los afectados han recurrido a las denuncias penales, iniciaron 6 carpetas por diversos delitos, desde amenazas, robos hasta la discriminación por credo, esperando que la vía penal les pueda devolver, lo que hasta ahora, las autoridades estatales y municipales no han podido, su hogar y la libertad de creer en su religión sin tener que ser perseguidos y desterrados.

De mi tintero… De Coordinación parece tener solo el nombre, pues el llamado Mando Coordinado parece nuevamente exhibir enfrentamientos y distanciamientos, o al menos es lo que ha ocurrido en las reuniones con los alcaldes electos, a las que se asegura, llega sólo el filósofo y director de esta área Carlos Muñoz Moreno, para promover a nuevos mandos policíacos cuando de estas tareas poco sabe, y de eso se han dado cuenta los presidentes electos quienes por cierto, han hecho notoria la ausencia del secretario de Seguridad Salvador Cruz Nery, afirman que, una de dos, o no ha sido invitado o hay una instrucción para que Muñoz Moreno “descoordine” las reuniones sin él…En donde las cosas no mejoran al menos en el tema administrativo, es en el Instituto Hidalguense del Deporte (IHIDE) pues las denuncias apuntan a Diego Reyes Vargas, Subdirector de Recursos Humanos quien desde la pasada administración a cargo del boxeador, Pipino Cuevas, registra procesos poco claros que van desde mal manejo de nómina, aviadores y prestanombres que generaron observaciones de la Secretaría de Educación y Contraloría pero ni estos antecedentes impidieron que fuera ratificado, lo que parece un claro autogol al recién nombrado director, Oscar Pérez Rojas…