Andrés Torres Aguirre 

Las y los alcaldes que recientemente rindieron protesta en toda la entidad, oficialmente concluyeron su “luna de miel” y se enfrentan a la realidad administrativa (que podría calificarse como desastre), heredada por sus antecesores.

Prácticamente todos los municipios del estado tienen problemas de comprobación de gastos y falta de claridad en el ejercicio de los recursos aplicados durante los últimos cuatro años.

Ejemplo: en Pachuca el parque vehicular que corresponde al servicio de recolección de basura es menos que chatarra.

Los pagos pendientes de cubrir, desde administraciones anteriores, suman cantidades estratosféricas cada día (laudos), son un lastre imposible de pagar como sucede en Mineral de La Reforma o las comprobaciones de obras importantes como una planta tratadora de agua en Tasquillo.

Además, las y los presidentes municipales, tienen otro problema pendiente: el pago de compromisos políticos.

El proceso de selección de candidatos, principalmente en morena, fue uno de los más controversiales de la historia. La imposición en muchos casos, obligó al pago de prebendas durante la campaña y la jornada electoral. Desafortunadamente, esos acuerdos que permitieron a muchos de los entonces candidatos y candidatas llegar a su meta, terminaron al rendir protesta como alcaldes.

Las y los candidatos, que hoy son parte de los cabildos, junto con las y los regidores se reportaron listos para establecer nuevos acuerdos económicos que permitan transitar tranquilamente los próximos años. Tales actitudes quedaron de manifiesto en ciudades como Pachuca, Tepeapulco y Tulancingo, donde los integrantes del cabildo dijeron que sí a todo pero, durante la primera sesión ordinaria, dejaron claro que quieren colaborar -y cobrar-, en todas las obras y acciones que promueva la nueva administración.

Los nuevos alcaldes no podrán escudarse en ningún argumento y tendrán que hacer frente a los problemas, actuales o no, de sus localidades.

Decir que no sabían lo mal que se encontraban las cuentas públicas o señalar a sus antecesores de malos servidores públicos no los va a salvar del juicio popular.

Además de verse obligados a iniciar denuncias penales por las irregularidades que identifiquen, las y los nuevos presidentes municipales van a tener que ponerse muy estrictos con la nueva organización administrativa si es que de verdad quieren estar a la altura de la expectativa de la transformación.

En muchos casos, esto significará, desconocer compadrazgos, acuerdos económicos y todas esas inercias que todavía arrastramos y toleramos en el servicio público.

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