LEONARDO HERRERA

Lo ocurrido en Mixquiahuala donde un grupo armado rescató a dos presuntos secuestradores, confirmó las deficiencias que, desde marzo del 2023 habían advertido policías procesales tenían en el desempeño de sus funciones que podrían derivar justamente en fugas, rescates o atentados contra ellos y la falta de atención al Protocolo Nacional de Traslados que data del 2015 por parte de la directora general de la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal, Eva Pérez Hernández y el Subsecretario de Reinserción Social, Germán Trejo Hernández.

Basta una revisión al documento surgido como parte de las reformas del 2008 en materia de seguridad pública y justicia penal, para establecer que, la cadena de responsabilidades en el traslado de reos, sobre todo de aquellos considerados como de alto riesgo, requieren de una planeación cuya principal responsabilidad es justamente de la titular Pérez Hernández, del director del Cereso de donde salen los internos y del responsable de designar a los elementos procesales para estas tareas.

El mismo protocolo señala que, solo en el caso de que se trate de internas, imputadas o procesadas, se asignará a una mujer para integrar el equipo de agentes a resguardo durante el traslado, lo que no aplica en el hecho de Mixquiahuala, pues se trataba de tres hombres, lo que pone en evidencia la falta de elementos que fue señalada por los policías procesales el 6 de marzo del 2023.

Por si no fuera suficiente, el reglamento nacional que fue firmado por todos los responsables de seguridad en el país, homologa los procedimientos, lineamientos y funciones y precisa que, deberá dotarse de equipamiento, vehículos adecuados o convoy de ser necesario, candados (esposas o grilletes), gas, radio y en su página 17, contempla las acciones en caso de emboscada, como la ocurrida en Mixquiahuala, todo fue letra muerta para la directora general de medidas cautelares, funcionaria que se mantiene en el encargo desde la administración del ex gobernador Omar Fayad, a los que por cierto, se han cansado de señalar en el actual régimen de corrupción y conflicto de intereses.

El documento que establece lo que debería hacer la policía procesal en traslados, resguardos y custodia de los reos, también señala en la primera cadena de responsabilidad a la directora del Cereso. Analía Fuentes Pelcastre, que en este caso se trata de, quien debió informar el nivel de peligrosidad de los presuntos responsables que serían llevados a la audiencia intermedia y sugerir reforzar la seguridad en el traslado, además del cambio de vehículo que se usaría, en vez de un compacto que ni siquiera estaba rotulado.

De la cadena de responsabilidades de tener a dos presuntos secuestradores prófugos de la justicia y tres sujetos más que los liberaron, no escapa el Subsecretario de Reinserción Social, Germán Trejo Hernández, por la manera indolente en su actuar que tiene dejos de sospecha y hasta presunta corrupción.

Pero como el hilo se rompe por lo más delgado, fue más fácil poner a disposición a dos policías procesales por el supuesto delito de evasión de reo, cuando los primeros que deberían ser investigados son los funcionarios antes citados, que fueron los que ordenaron la manera en que se ejecutó el traslado, o al menos lo validaron de acuerdo con el Protocolo Nacional de Traslados, los agentes un hombre y una mujer, sólo siguieron ordenes como ocurre con los 51 más que existen en el estado.

De mi tintero… La Secretaría de Seguridad envió una tarjeta informativa donde precisa que, en efecto recibió por ventanilla el documento de los policías procesales donde señalan carencias y advierten de graves riegos e irregularidades, el cual dijo, atendió e implementó acciones para el desarrollo de sus tareas operativas, se homologaron salarios, se les proporcionaron armas y chalecos balísticos y entonces ¿porque ocurrió lo de Mixquiahuala y se dejó en evidencia las deficiencias de los procesales? Hay muchas preguntas sin respuesta… La que quiere hacer su voluntad a toda costa y particularmente lo que tiene que ver con la firma de convenios y contratos, es la alcaldesa de Tepeji del Río, Tania Valdez Cuellar, quien recurrió a la Sala Regional de la Ciudad de México para impugnar la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH) que obliga a someter a consideración del pleno todos estos instrumentos, pero fue desechada y exhibida por su ignorancia en temas jurídicos y eso que la morenista fue legisladora…

X: @herreleo