CASOS DE RECLUSIÓN 

Érika Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI), presentó un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de defensa a personas indígenas reclusas por asuntos de índole local.

De acuerdo con Rodríguez Hernández, es el primer exhorto a la SCJN en la historia del Congreso hidalguense, dirigido al ministro presidente en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura Federal, para que considere la viabilidad de incorporar al Estado de Hidalgo en la implementación del programa piloto para que defensoras y defensores públicos federales puedan acudir en auxilio de mujeres y personas indígenas en reclusión, en asuntos de índole local.

A nivel nacional, informó Érika Rodríguez, “Hidalgo cuenta con el 12.3% de la población indígena total del país, colocándose en el quinto lugar con mayor índice de personas pertenecientes a los pueblos originarios, tan solo por debajo de los estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero”.

En materia penitenciaria, precisó, “con información del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del mes de abril de 2022, el Estado de Hidalgo cuenta con una población privada de la libertad de 4 mil 704 personas, ubicándose en el lugar décimo tercero a nivel nacional en cuanto a población interna en sus 12 Centros de Reinserción Social y 3 cárceles distritales”.

“La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) informó en 2021, que la población indígena en los centros penitenciarios del estado, en los últimos cinco años, ha sido de aproximadamente 350 personas”, señaló la diputada priista. (Staff Crónica Hidalgo)

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A inicios del año 2021, abundó, “de los 332 indígenas privados de su libertad, 15 son mujeres y 317 son hombres, de los cuales seis mujeres están procesadas y ocho sentenciadas por delitos del fuero común y únicamente una mujer procesada por un delito del fuero federal”.

Por lo anterior, añadió Rodríguez Hernández, “referente al programa piloto para que las defensoras y defensores públicos federales puedan acudir en auxilio de mujeres y personas indígenas en asuntos de índole local, se considera oportuno solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que valore la viabilidad de implementar el programa al Estado de Hidalgo, con la finalidad de ampliar las posibilidades para que las personas indígenas en reclusión tengan acceso a la justicia”, finalizó. (Staff Crónica Hidalgo)