– Son menos de 15 días para concluir administración y apenas aparecen los acuerdos que signó el procurador

LAPSO

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Pese a que eran disposiciones establecidas en la legislación desde hace años, apenas la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) publicó los acuerdos para crear el Servicio de Protección de Personas, Fiscalía de Delitos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; así como la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en contra de los Animales.

A menos de 15 días que concluya la administración del priista, Omar Fayad Meneses, en el Periódico Oficial del Estado (POE) aparecen los acuerdos que signó el procurador, Alejandro Habib Nicolás.

En el A/05/22 establecieron el Servicio de Protección de Personas, que consiste en la asignación de escoltas para la salvaguarda de la vida e integridad de quienes que, por la naturaleza de su cargo o el grado de participación en el procedimiento penal, estén expuestas a un mayor riesgo y se presta por la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal.

Desde noviembre del 2010, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública refería que los procuradores en las entidades tendrían un año para expedir disposiciones administrativas correspondientes en materia de protección de personas.

Igualmente, el 2 de mayo del 2016, el POE difundió el Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que en su en el título octavo contenía lo relacionado al servicio de protección de personas para la salvaguarda de la vida e integridad del funcionariado involucrado en el combate a la delincuencia, ordenamiento que abrogaron el 15 de octubre del 2021.

Por otro lado, en el acuerdo A/06/22, instauran la Fiscalía de Delitos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que desde el 2012 estipulaba la Ley para la Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo del Estado de Hidalgo.

Por lo que, para la adecuada investigación de hechos posiblemente constitutivos de delitos en contra este sector, crearon un área con personal especializado en el esclarecimiento de estas conductas ilícitas.

Entre las facultades de dicha fiscalía está investigar los hechos, ejercer acciones penales, recopilar y reportar la información estadística a la Coordinación de Planeación de la PGJEH, conformar protocolos de actuación policial, ministerial y pericial, promover cultura del respeto y difusión de los derechos relacionados a la libertad de expresión, entre otras.

Dentro de los transitorios puntualiza que las carpetas de investigación iniciadas por los delitos contemplados en el acuerdo, el personal de atención temprana ordenará los actos de investigación, y en su caso otorgar las medidas urgentes de protección, además de remitir la carpeta a la fiscalía al día siguiente.

A partir de la entrada en vigor, la citada fiscalía también conocerá de los asuntos a cargo de la Subprocuraduría de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social, en materia de libertad de expresión, en agravio de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En cuanto al documental A/07/22, para consolidar la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en contra de los Animales, conocerá todos los casos relacionados, construirá un sistema jurídico acorde a las problemáticas actuales, así como visibilizar el delito y a partir de ello, investigarlo, perseguirlo y ejercer la acción penal contra los responsables.

Cabe recordar que, desde el 15 de agosto de 2016, existe el decreto 701 que incluye en el Código Penal estatal lo relacionado a delitos contra los animales.

Finalmente, publicaron el acuerdo A/08/22 para crear la Oficialía Mayor como parte de la transición de la procuraduría a convertirse en Fiscalía General de Justicia del Estado.

Con esto, al titular de la Dirección General de Administración lo sustituirán por una Oficialía Mayor que propiciará un mejor control respecto de los recursos que deben aplicarse para el gasto administrativo de la procuraduría, así como para la transición a fiscalía.