–Ahora lo que procede será la integración de expedientes, sustanciación, trámite o remisión al Tribunal de Justicia Administrativa para lo conducente

ACCIONES JURÍDICAS

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Confirmó el titular de la Secretaría de Controlaría, Álvaro Bardales Ramírez, que el proceso de entrega-recepción concluyó y en todas las dependencias otorgaron las respectivas actas, asimismo, con esta información ya iniciaron al menos 50 investigaciones o procedimientos administrativos.

Esta actividad empezó con la notificación a los respectivos Órganos Internos de Control (OIC) de las secretarías y áreas, concluyó con la firma autógrafa y/o electrónica avanzada de quienes en ella intervinieron, a más tardar 45 días hábiles si es una entrega final.

Asimismo, la legislación menciona que corresponde a los anteriores titulares y encargados deslindar responsabilidades y aclarar los eventuales pendientes.

Cuestionado sobre el tema, informó que la entrega-recepción transcurrió en 60 días, con las respectivas firmas de actas, y en las últimas 40 fechas comenzaron con las pesquisas para formalizar las denuncias o procedimientos administrativos.

Abundó que son 50 investigaciones, ya sea integración de expedientes, sustanciación, trámite o remisión hacia el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado o la Procuraduría General de Justicia (PGJEH); en esa cantidad incluyen los presidentes municipales involucrados en el presunto desvío de recursos públicos, delitos como ejercicio indebido del servicio público en el caso del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo (SRyTH), así como lo relativo a irregularidades en Órganos Internos de Control (OIC).

“En cada presidencia municipal, aparte del presidente, hay cinco funcionarios que de alguna manera se vieron involucrados, quienes firman, integrantes del Comité de Adquisiciones, en ello, son 25 (aproximadamente) de alcaldías; en Radio y Televisión son tres investigaciones que ya se iniciaron procedimientos, se están investigando nosotros o solicitamos a las presidencias municipales que investiguen”.

A estas averiguaciones suman las de la Secretaría de Educación Pública (SEPH), por señalamientos hacia subsecretarios o directivos a cargo de recursos públicos y que posiblemente cometieron actos ilícitos.