–También ingresó un oficio para señalar posibles violaciones constitucionales en la aprobación del llamado plan B de la reforma electoral

PERTINENCIA

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Inconformó la exaspirante a la gubernatura de Hidalgo por Morena, Martha Hernández Hernández, las recientes modificaciones a los estatutos del partido, como la prórroga para el presidente, Mario Delgado Carrillo y la secretaria general, Citlali Hernández Mora, hasta octubre de 2024; igualmente, la militante “guinda” impugnó el llamado “plan B” de la reforma electoral que validó el Congreso de la Unión, debido a que violenta la participación de pueblos y comunidades indígenas.

La ciudadana hidalguense interpuso un juicio de protección de derechos políticoelectorales contra los cambios que validó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), respecto al nuevo estatuto de Morena, el pasado 14 de diciembre de 2022.

Principalmente, denuncia ilegal aplazamiento por parte de Mario Delgado y Citlali Hernández como cabecillas del partido, “es improcedente la aprobación de un nuevo estatuto de Morena debido a que viola varios preceptos, entre ellos la temporalidad al extender de mala fe y con alevosía y de manera dolosa el pisoteo a los derechos de la militancia, al extender a manera de agandallamiento dos años más” (sic).

Asimismo, acusó presuntas anomalías en el Congreso Nacional Ordinario, celebrado en septiembre de 2022, como conflictos de intereses en el marco de la función pública y el tentativo uso de recursos públicos provenientes del Gobierno Federal.

En tanto que, puntualizó que no es viable la extensión como dirigentes hasta octubre de 2024, porque desacata la resolución de Sala Superior del TEPJF, en el expediente SUP-JDC-1903/2020, en donde seleccionaron a los nuevos líderes de la cúpula con base en una encuesta y aparentemente su lapso fenecía en agosto del 2023.

También enumeró otros agravios como la falta de renovación total en los órganos de dirección, al descartar presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, además de que las nuevas disposiciones vulneran el principio de legalidad, igualdad, imparcialidad y equidad.

Finalmente, en el SUP-JDC-7/2023 que interpuso Martha Hernández, refutó el conocido “plan B” de la reforma electoral, en tanto que solicitó su reencauzamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues dichos cambios atentan a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.