–Demanda del PRD a la CDHEH, pues reforma electoral atenta contra derechos humanos y políticos de mujeres

VS PLAN B

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Exigió el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) interponga acción de inconstitucionalidad contra el “Plan B” de la reforma electoral, pues atenta contra los derechos humanos y políticos de las mujeres, principalmente en lo relativo a la paridad sustantiva, combate a la violencia de género y limitar espacios de representación popular a grupos vulnerables de la población.

La secretaria general, Yelitza Rivera Mendoza, junto a militantes perredistas entregaron un oficio dirigido a la titular de la CDHEH, Ana Karen Parra Bonilla, para insistir en la relevancia de defender los derechos políticoelectorales de las mujeres ante los cambios en la materia que afectan los avances en la participación equitativa y libre de violencia.

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de las permutas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), Ley General de Partidos Políticos (LGPP); Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de Medios de Impugnación, el partido refirió que dichas modificaciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tratados internacionales.

Por ello, pidieron a la CDHEH que formalice las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con base en el artículo 105 constitucional, apartado II, inciso G, en cuanto a los entes facultados para interponer posibles contradicciones de una norma general con la Carta Magna.

Tal disposición concede a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Poder Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren los derechos humanos consagrados en la constitución y tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las legislaturas.

“Es menester que se pronuncie de manera legal, categórica y enérgica de oficio en el análisis de la misma y en la promoción de la acción de inconstitucionalidad que le compete, cuyo interés jurídico le resulta al ser este un organismo protector y tutelar de los derechos humanos”, concluye el documento.