– Eventual caldo de cultivo para que haya descalificaciones antes de iniciar un proceso comicial: Christian Uziel García

DESAFÍOS 

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Provocó el llamado “Plan B” de la reforma electoral gran cantidad de controversias y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que recordó el consejero, Christian Uziel García Reyes, que “cuando los actores políticos no están de acuerdo con las reglas del juego, es un eventual caldo de cultivo para que haya descalificaciones antes de iniciar un proceso comicial”.

Entre gobiernos municipales, Poderes Ejecutivos estatales, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), partidos políticos, legisladores, así como el Instituto Nacional Electoral (INE) interpusieron más de 120 controversias y/o acciones de inconstitucionalidad por las reformas a la Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Comunicación Social, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Poder Judicial y expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación.

Igualmente, un centenar de ciudadanos y trabajadores del INE formalizaron juicios o amparos para evitar los efectos que establecen los artículos transitorios de dichas permutas, que esencialmente mandatan a una reestructuración total de las áreas, revisión de tabuladores, posibles indemnizaciones, entre otras medidas administrativas y costos que implicarán estos movimientos.

Al respecto, el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEEH) insistió en que la discusión de la reforma en la materia no tuvo consensos, por primera ocasión la confeccionó en totalidad el Gobierno Federal, sin la participación de ciudadanía u oposición, además que aplicaría en elecciones presidenciales.

“A partir de la reforma electoral del 1987 en la que se fueron construyendo de forma paulatina a través de demandas para que la Constitución federal fuera reformándose e incorporar esas demandas y en esta ocasión, por primera vez, la reforma se aplicará en una elección presidencial, todas las reformas se ponen aprueba en una elección intermedia, (también) en esta ocasión la iniciativa viene del partido en el gobierno y no de las demandas de la ciudadanía o de la oposición, además no surgen del consenso, todas las reformas previas tenían un consenso de las distintas fuerzas políticas”.