Ejes El artículo 29, fracción LII de la Ley Orgánica de Administración Pública, refiere, en cuanto a los asuntos que le corresponden a la Secretaría de Hacienda, establecer un sistema eficiente y eficaz que permita investigar y acopiar la información patrimonial, fiscal y económica, facilitando su intercambio con las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno, con la finalidad de combatir las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia, que operan con recursos de procedencia ilícita

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Rosa Gabriela Porter Velázquez

Afirmó la titular de la Secretaría de Hacienda, María Esther Ramírez Vargas, que en próximas fechas instaurarán la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, como parte de las recientes reformas a la Ley Orgánica de Administración Pública, para ello colaboran con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).

El artículo 29, fracción LII de la Ley Orgánica de Administración Pública, refiere, en cuanto a los asuntos que le corresponden a la Secretaría de Hacienda, establecer un sistema eficiente y eficaz que permita investigar y acopiar la información patrimonial, fiscal y económica, facilitando su intercambio con las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno, con la finalidad de combatir las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia, que operan con recursos de procedencia ilícita.

Para consolidar la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, la dependencia alista su conformación, disposiciones y reglamentos internos.

“Se está trabajando justo el fin de mes estaríamos cumpliendo con el término para presentar las estructuras orgánicas, va en cumplimiento con lo establecido en la ley orgánica. Aquí finalmente tenemos que trabajar con una reingeniería en materia de recursos humanos, tenemos actualmente una estructura, sin embargo, tenemos que acordarlo con el PGJEH para terminar de integrar esa estructura en la Secretaría de Hacienda”, dijo la funcionaria.

A nivel federal, existe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual coadyuva en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.

En tanto, algunas entidades cuentan con este tipo de ente para recolectar, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de funcionarios y exfuncionarios públicos, así como personas físicas o morales, para investigar posibles actividades ilegales que generen beneficios económicos injustificados.

Recientemente, en el Congreso local presentaron una iniciativa que reforma diversos artículos del Código Penal de Hidalgo para tipificar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y crear una fiscalía encargada en atender estas prácticas.