Dan capacitación electoral para grupos de culto locales
-Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGJEH abordan temas sobre derechos y obligaciones de cara a comicios en 2024
ASUNTOS RELIGIOSOS
Staff Crónica Hidalgo
Representantes de asociaciones y agrupaciones religiosas y ministros de culto en Hidalgo, así como enlaces municipales en estos temas, participaron en los foros de capacitación en materia electoral, impartido por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGEJH), en colaboración con Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR) del gobierno estatal, de cara al proceso electoral concurrente 2023-2024.
Claudia Vieyra Alamilla, directora de la DGAR, indicó que este tipo de actividades buscan fomentar una nueva cultura de prevención del delito electoral en la sociedad hidalguense.
La funcionaria manifestó que el curso impartido por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Dirección de Prevención del Delito y Atención Ciudadana, abordó temas que marca la ley, como conductas infractoras recurrentes, entre las que se considera la violencia política contra las mujeres, además de fomentar una nueva cultura de denuncia sobre estos temas.
“El interés es que todos los representantes de estas expresiones tengan conocimiento acerca de lo que sí se puede hacer, desde su posición como ministros de culto, dentro de lo que sean las campañas electorales”, dijo Vieyra Alamilla.
A las actividades instructivas asistieron 83 asociaciones de culto en Hidalgo, registradas ante la Secretaría de Gobernación (Segob), así como 67 comisiones que operan en las alcaldías relacionados con temas religiosos, que participaron de forma presencial y virtual, de los siguientes municipios: Pachuca, Cardonal, Tula de Allende, Acayuca, Atotonilco el Grande, Francisco I. Madero, Tlanchinol, San Salvador, Progreso de Obregón, Ajacuba, Mineral de la Reforma, Tezontepec de Aldama, Epazoyucan, Mixquiahuala y Actopan.
La directora de la DGAR señaló que los derechos político-electorales de las comunidades de culto están normados por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ya que el gobierno tiene el compromiso de respetar las garantías en materia de libertades religiosas.