–COMPROBACIÓN. El gobernador Julio Menchaca Salazar hizo referencia a la falta de comprobación por más de mil millones de pesos durante el Ejercicio Fiscal 2022

FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Luego de las observaciones que detectaron la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) en la falta de comprobación de recursos por más de mil millones de pesos por parte del gobierno de Hidalgo durante el año 2022, el mandatario, Julio Menchaca Salazar, dijo que llamarán a los funcionarios responsables para solventar los señalamientos.

Derivado del informe de fiscalización de la cuenta pública 2022, la ASF dio a conocer que el gobierno hidalguense omitió la comprobación de mil 311 millones 700 mil pesos ante la falta de documentación fiscal y administrativa principalmente programas de atención a la salud, fondo de aportaciones al servicio de salud (FASSA), entre otros.

Por su parte, la ASEH encontró anomalías que superan los mil 130 millones de pesos en las cuentas públicas del 2022 tanto del Poder Ejecutivo como de municipios; respecto al gobierno estatal son más de 795 millones de pesos pendientes mayoritariamente de las Secretarías de Seguridad Pública (SSPH), Oficialía Mayor, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath), Unidad de Planeación y Prospectiva, Contraloría y Educación Pública (SEPH).

“En lo que corresponde a esta administración la instrucción es que las dependencias que han sido observadas, en el plazo que considera la ley estén teniendo todos los elementos para poder estar acreditando que se ejerció de una manera correcta el presupuesto, en el caso de la administración anterior seguramente serán requeridos los funcionarios para que asuman esa responsabilidad”, respondió el gobernante hidalguense.

Cabe mencionar que el exgobernador, Omar Fayad Meneses, dejó el cargo el 4 de septiembre del 2022 y asumió la titularidad del Poder Ejecutivo Julio Menchaca Salazar, el 5 de septiembre el mismo año.

“Tiene un carácter autónomo, la ASEH y la ASF es su obligación legal, los van a estar requiriendo y la propia ley establece de qué manera debe estar acreditando esas observaciones y los días, me parece que son 20 días para acreditarlo”.

Adicionalmente, la ASEH llevó a cabo auditorías extraordinarias en la desaparecida Secretaría de Finanzas de la administración anterior y que encabezó en su momento Jessica Blancas Hidalgo, en las cuales descubrieron pagos indebidos durante los años 2018, 2019 y 2021 por casi 60 millones de pesos.

Cuestionado al respecto y sobre la presunta omisión del entonces auditor, Armando Roldán Pimentel, para investigar estas irregularidades que afectaron las arcas estatales, el gobernador Menchaca consideró que también es relevante que este exfuncionario asuma sus responsabilidades.

“Deben de retrotraerse a las responsabilidades, cuando nosotros dejamos un puesto, un cargo, no dejamos de asumir una responsabilidad de lo que dejamos de hacer todos los funcionarios y hay términos y plazos legales para que se acredite que no estuvimos haciendo bien nuestros trabajo, en este caso si puede haber una responsabilidad del anterior auditor, no tengo los elementos todavía para hacerlo con puntualidad, pero aquí la situación que se dio es la ubicación de la Secretaria de Hacienda de esos contratos, la denuncia correspondiente y la actuación de la Auditoría Superior del Estado para estas auditorias extraordinarias”.

Abundó que la propia legislación precisa los mecanismos de devolución y comprobación de recursos observados, con base en los montos y afectaciones al erario público, sin embargo, prevalecerá toda la fuerza del estado para atender estas ilegalidades.

“Mientras no prescriba una acción administrativa o una acción penal, toda la fuerza del estado la vamos hacer para el combate a la impunidad y la recuperación de los recursos”.

Finalmente, calificó como normal lo acontecido recientemente con la suspensión de labores de construcción de la carretera Pachuca-Huejutla, en el tramo de Huasca de Ocampo, tras una demanda de amparo por parte de un particular ante la presunta afectación en predios de su propiedad por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Nada más afecta precisamente en el espacio donde está un particular generando este juicio de garantías, pero los demás trabajos siguen adelante, son a veces situaciones normales, no si se exactamente sea porque un exceso de la constructora o porque tenga alguna otra naturaleza, vamos a ponerlo como referencia que otros proyectos importantes como el Tren Maya han tenido una enorme cantidad de juicios de amparo y es una situación normal”.