DENUNCIAN  

Ordenó el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) delegación Hidalgo que el candidato al Senado de la República por Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, detenga su participación o conductas por presunto uso de recursos públicos, promoción personalizada y coacción al voto, mediante la utilización indebida de programas sociales, entrega de bienes y servicios.

En el proceso especial sancionador, CL/PE/PRI/CL/HGO/PEF/001/2024, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció al aspirante “morenista” por la presunta entrega de bienes y servicios, uso de programas sociales con fines electorales en beneficio de los denunciados, por lo que solicitan el dictado medidas cautelares para que cesen del levantamiento de censos y promesas de entrega de calentadores solares, así como de becas Benito Juárez a la ciudadanía.

Al verificar las pruebas y realizar una visita al mercado Piracantos, encontraron que una operadora de Morena integró un censo en los que ofrece calentadores sociales y las becas, por lo que el pleno consideró procedentes las medidas cautelares bajo figura de tutela preventiva, pues actualmente son campañas y estos hechos preliminarmente son de naturaleza ilícita y podrían constituir un riesgo en la voluntad de los electores.

En la discusión del proyecto, el encargado de la secretaría ejecutiva de Consejo Local, Raúl Becerra Bravo, abundó que la Ley General de Desarrollo Social puntualiza que el reparto de programas sociales corresponde a los entes gubernamentales, bajo ninguna circunstancia a partidos políticos, de ahí que mandataron a Ochoa Fernández y Morena que se abstengan de participar en este tipo de actos.

Es decir, no vincularse con información o ejecución de programas sociales y gubernamentales, que no participe en actos de promoción política o electoral en el que haga la promesa de entrega de bienes o servicios que significan una tentativa presión sobre electores para obtener su voto.

Finalmente, la consejera presidenta, Ma. del Refugio García López, aclaró que con esto no prejuzgan sobre la existencia de los hechos denunciados, pues el análisis de fondo del asunto compete a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a partir de mayores diligencias que exhiban una supuesta conducta ilegal, por lo que las medidas cautelares son para que cesen este tipo de actos que pudieran atendar contra el principio de imparcialidad. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)