Andrés Torres Aguirre

El fin de semana ocurrieron varias detenciones a exfuncionarios de la Comisión de Agua, Alcantarillado y Servicios Intermunicipales (CAASIM), señalados por desvío de recursos; también fue detenido el exalcalde de Tizayuca, acusado de peculado; por si no fuera suficiente, el exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo, en el sexenio del gobernador Francisco Olvera, fue declarado culpable por desvío de más de 242 millones de pesos.

Los antes mencionados, se suman a una larga lista de exfuncionarios estatales y ex alcaldes que ya enfrentan proceso por causas similares.

Hasta ahora, del enorme número de procesados que están relacionados con la administración de Omar Fayad y mandatarios anteriores, solo el proceso en contra de el exalcalde de Pachuca, Eleazar “N”, concluyó con su declaración de culpabilidad y reparación de daño. Por cierto que aún debe cumplir con trabajo comunitario.

De esta manera, las cárceles de Hidalgo están repletas de procesados por diversos actos de corrupción cometidos contra las arcas públicas y así, la política anticorrupción del nuevo gobierno estatal es una realidad, pero avanza lento.

Sabemos que hay indicaciones para que las instituciones involucradas sean pulcras en la integración de expedientes pero, insisto, el avance es lento.

Durante los meses previos, desapareció de los titulares el tema anticorrupción, las elecciones ocuparon cada espacio informativo y recientemente los asuntos de transparencia se reactivan con más presentaciones pero ninguna sentencia.

El tema principal en la lucha anticorrupción, iniciada por el gobierno de la transformación en Hidalgo, es cerrar cualquier vía que estos abusos se repitan y castigar a quienes cometieron excesos durante su paso por la administración pública. Recuperar los miles de millones de pesos que significó la corrupción el sexenio pasado es un bono, en todo caso.

Desafortunadamente, los acuerdos de alto nivel que contemplaron el costo político de la estabilidad y transición, también exigen otorgamiento de salvoconductos. 

De esta forma, si los sujetos a proceso se acogen al principio de presunción de inocencia o testigo protegido, las autoridades ¿irán por peces gordos o prevalecerán la inmunidad pactada?

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