Leonardo Herrera

Hace 28 años que el rastro municipal de Pachuca dejó de ser operado por el ayuntamiento capitalino y pasó a manos de particulares ligado al hermano de un exgobernador del estado, que se han dedicado a su explotación y funcionamiento de manera irregular, dejando en riesgo la salud de miles de consumidores en la zona metropolitana de Pachuca.
Fue el entonces presidente municipal de Pachuca, Omar Fayad Meneses en el 2006, quien decidió desincorporar el centro de matanza más importante del estado, para cederlo a los grupos de ganaderos e introductores que en ese momento eran los más influyentes en el estado.
Aconsejado de que era la mejor solución para este lugar, donde diariamente se sacrifican hasta 100 reses y cerdos en promedio, se estableció un instrumento legal para otorgarlo en comodato; públicamente se dijo que,  habría revisión de autoridades sanitarias del estado y municipales, lo que pocas veces ocurrió.
Así pasaron las administraciones de Francisco Olvera, Eleazar García, Yolanda Tellería y Sergio Baños, además de dos interinatos y un Concejo Municipal, pero nada cambió, salvo el nombre de la empresa que hoy lo administra la  denominada “Cárnicos de la Zona Metropolitana de Pachuca”, cuyo presidente es Joel Hernández Otamendi, empresario ligado al grupo de Luis Osorio Chong.
Las versiones al interior del ayuntamiento tanto en la asamblea municipal como en la estructura de gobierno señalan que, esa es la verdadera razón por la que se declinó concesionar el rastro, mantener el coto de poder que durante más de una década ha permanecido bajo administración del “médico Osorio”, como le llaman al ex presidente de la Unidad Veterinaria.
Actualmente, el ayuntamiento desembolsa una cantidad de 70 mil pesos quincenales de nómina para trabajadores del rastro y carga con los gastos de luz y agua, sin recibir a cambio un sólo ingreso de la matanza, que, en el último diagnóstico de servicios municipales, se hace sin las condiciones de sanidad, ni política de inspección municipal.
Y frente al cúmulo de irregularidades y comodato que se venció hace más de dos años, los propios tablajeros señalan las violaciones que pasa por alto la Comisión Para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado (Copriseh), que no tiene una sólo a supervisión a este centro en lo que va de la actual administración,  a pesar de las advertencias de lo que ocurre al interior.
Todo indica que,  esta herencia que se ha prolongado por décadas y que ha llevado a tener al rastro en un elefante blanco con graves irregularidades, tendrá que regularse en la próxima administración, pues al menos en esta, no hubo la voluntad de acabar con el coto de poder que ejerce un grupo.

De mi tintero…Todo indica que,  en los próximos días se vendrán las salidas de grupos importantes del PRI, que resistieron todavía en la última elección, pero ante la maniobra de la dirigencia nacional para perpetuarse hasta el 2032, parece que los integrantes del Grupo Huichapan y del ex gobernador Francisco Olvera, ya alistan sus discursos…Por cierto, hablando de priistas, el ex dirigente priista y ex secretario de Educación Jaime Costeira, enfrenta un proceso familiar, en el que su ex esposa Aldegunda Aguilar Fernández, tramitó la liquidación de la sociedad conyugal, nada tendría de particular el asunto, de no ser porque en el oficio que se gira al Instituto de la Función Registral, se pide información del estatus de al menos 7 inmuebles en Pachuca, lo que desató rumores sobre el patrimonio construido por el ex funcionario por cierto, egresado de la normal rural del Mexe.