-Recurrirán al INE, así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral

PRI

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Luego de la aprobación de reformas estatutarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que permiten la reelección no solo del actual presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, hasta 2032, sino también de dirigencias estatales y municipales, exdirigentes y liderazgos “tricolores” recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar dichos cambios.

En la XXIV Asamblea Nacional validaron diversas reformas estatutarias, entre ellas en el artículo 178 para derogar la reelección de dirigencias a nivel federal, estatales y municipales, con lo que será posible presidir los comités por cuatro años y mantenerse por dos períodos consecutivos; que el titular del Comité Ejecutivo Nacional quite o designe coordinadores parlamentarios y otras facultades para adquirir adeudos; reduce espacios en el Consejo Político Nacional para los sectores históricamente aliados, tales como Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Nacional Campesina (CNC) y Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), entre otros.

Por ello, ante Sala Superior arribaron los primeros juicios ciudadanos promovidos por exdirigentes, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza, Pedro Joaquín Coldwell y otros contra la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria del PRI celebrada el 7 de julio del presente año, específicamente la aprobación de las modificaciones al estatuto, programa de acción, declaración de principios y código de ética.

Igualmente, exigen la invalidez de la convocatoria y el reglamento emitidos para la realización de la referida Asamblea Nacional Ordinaria; así como el acta emitida por el Consejo Político Nacional de la LXIX sesión extraordinaria por el que aprobó la celebración de la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria y autorizó al Comité Ejecutivo Nacional a emitir el edicto.

En una misiva, Dulce María Sauri advirtió que la falta de información, imposición de propuestas y la simulación fueron parte del guion en la plenaria de la Asamblea Nacional, así como en las asambleas municipales y estatales para la elección de delegados a modo, con ello, desde la cúpula federal “tricolor” modificaron estatutos que permiten la reelección de Alejandro Moreno para los próximos ocho años.

“El despropósito de adueñarse y perpetuarse del partido y convertirlo en una franquicia electorera a su servicio, sólo se logrará si la amplia militancia se los permite. Debemos vencer el desánimo de los recientes resultados electorales y de los atropellos de la actual dirigencia, elevando colectivamente la voz de nuestra inconformidad y evitando que, con nuestro silencio o inacción, nos convirtamos en cómplices mudos”.

Además, alertó que estas acciones provocarán el alejamiento o franca deserción de cuadros prestigiados de larga trayectoria o de jóvenes militantes que desean incorporarse a la buena política sustentada en principios y valores.

Consideró que el reto que ahora es convertir la indignación y el coraje en acciones de defensa del patrimonio político-ideológico que representa el PRI, por lo que es indispensable evitar otra reelección e impulsar una verdadera asamblea deliberativa y cambios de fondo.

Asimismo, los priistas inconformes, entre los que están exgobernadores y exfuncionarios hidalguenses, conminaron a la creación de un frente amplio de renovación para que desde cada estado del país informen objetivamente a la militancia lo que sucede desde el Comité Ejecutivo Nacional.

“Despierte conciencias y mueva voluntades para dar la batalla política y jurídica por la anulación de la asamblea recién realizada, el mantenimiento del principio de “No reelección” y por la restitución y fortalecimiento de los derechos y atribuciones de los órganos de dirección estatales y municipales, que deben prevalecer en un partido demócrata, federalista, y fiel a los principios e ideales que nos dieron de origen”.

Por tanto, anunció que recurrirán al Instituto Nacional Electoral (INE) para denunciar las irregularidades citadas, asimismo, los medios de impugnación ante Sala Superior.