Andrés Torres Aguirre

El ex gobernador de Hidalgo Omar Fayad, tenía un acuerdo con el Presidente López Obrador antes de promover la separación del PRI de sus diputados y alcaldes afines.

La escisión priista que escenificaron los seguidores de Fayad, nunca tuvo como objetivo ser un partido político; simplemente , aprovechó la coyuntura nacional del tricolor para afianzar salvoconductos, o eso creyeron.

Fue una estrategia bien trazada pero poco convincente. Hoy los diputados ex priistas y ex GPI son legisladores de Morena Hidalgo.

En cuanto a los alcaldes, esos ya saben que  no tienen garantías para el fin de administración; el propio gobernador Julio Menchaca refirió que serán auditados transparentemente.

Con el fin de la administración municipal y la LXIV Legislatura local, desaparecen entonces, los últimos rescoldos de la corriente política que siguió a Omar Fayad.

Una administración, que según el contralor Álvaro Bardales, todavía no justifica la aplicación de recursos públicos por más de dos mil millones de pesos.

Recientemente, dieron a conocer que dos implicados en la llamada “estafa siniestra“ (acusaciones relacionadas al desvío de dinero público durante el sexenio de Fayad, supuestamente dirigido a la eventual campaña a gobernador de Israel Félix), se acogían al criterio de oportunidad.

Vendrán así, más implicados, más inversiones, tal vez detenidos pero ¿habrá sentenciados? ¿Alguno repondrá el daño al erario público? ¿La investigación llegará hasta el verdadero culpable? Definitivamente no, ya negociaron y el teatro del GPI llegó a su fin.

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