– Aunque ya existían precedentes fue hasta 2020 cuando  incluyeron en la legislación electoral esta causal para sancionar

ESPACIOS

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Recibió, sustanció y/o remitieron al Tribunal Electoral del Estado (TEEH) un total de 130 procedimientos sancionadores relacionados a presuntos actos constitutivos en violencia política por razón de género desde 2016 a junio del 2024 que incluyen denuncias suscitadas en procesos comiciales, contra dirigentes partidistas, diputados, alcaldes, senadores o funcionarios municipales.

Aunque ya existían precedentes de violencia política contra las mujeres por razón de género, fue hasta 2020 cuando incluyeron en la legislación electoral esta causal para sancionar.

Tras diversas solicitudes de información dirigidas al Instituto Estatal Electoral (IEEH) para conocer el número de quejas y/o denuncias que recibió en el periodo citado, en el folio 130227200006023 detalló que la primera recibida fue en el 2018 y hasta abril del 2023 indagaron 85 asuntos.

Entre los señalados aparecen militantes, servidores públicos, dirigentes partidistas, diputados, alcaldes, funcionarios municipales o senadores, incluso personas desconocidas, supuestos periodistas o quien resulte responsable.

El organismo abundó que en 2018 hubo una, en 2019 ninguna, durante 2020 investigó 31 casos, año en el que hubo comicios para renovar presidencias municipales e incluyeron diversas acciones afirmativas de paridad en la postulación de candidaturas.

Para 2021 disminuyó a 22 expedientes, también en ese año celebraron procesos electorales concurrentes, diputaciones federales y cambio en el Congreso local; luego, para el 2022 incrementó nuevamente a 28, en dicha anualidad los hidalguenses eligieron gobernador.

Luego, con base en la solicitud, 130227200013024, en el año 2023, en donde no hubo contiendas, el instituto analizó 12 asuntos y hasta junio del 2024 ya eran 36 procedimientos especiales sancionadores que prevalecen en sustanciación, desechados, en radicación o enviados al Tribunal Electoral del Estado para su valoración.

De todos los casos, la mayoría de promoventes optan por ocultar su identidad al momento de formalizar denuncias, no obstante, otras mencionan el cargo que ostentan, ya sea candidatas, regidoras, síndicas, presidentas municipales o militantes.

Una vez que admiten la queja, el órgano electoral realiza las diligencias necesarias para la integración del expediente como procedimiento especial sancionador; en caso de así considerarlo, decretar medidas cautelares y de protección, a fin de que cesen los actos que constituyen violencia política, con ello evitar daños irreparables.

Igualmente, el instituto puede canalizar a instancias competentes para la atención física, psicológica y de salud; en el caso de féminas indígenas, actuarán con perspectiva de género e interculturalidad.

Luego de las investigaciones, expiden las quejas hacia el TEEH para que determine la existencia o no de estos delitos, en su caso, fijarán medidas de reparación como disculpa pública o indemnización de la víctima; o bien, sanciones como la pérdida, cancelación del registro de la precandidatura o candidatura; amonestaciones, multas, reducciones del financiamiento de hasta 50 por ciento (%) para los partidos políticos.

Asimismo, la inclusión en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política por razón de género, algunos de ellos con la prohibición de competir para un cargo de elección popular por cierta temporalidad.