TRES AÑOS

Casi tres años de que Encuentro Social Hidalgo (PESH) perdió su registro oficialmente como partido local, pero el proceso de liquidación todavía no concluye por parte del Instituto Estatal Electoral (IEEH), pues siguen pendientes juicios, así como la publicación final de balances de bienes y recursos remanentes.

En la elección concurrente del 2021, Podemos logró el 2.51 por ciento (%) de los votos en la contienda de diputados locales; Más por Hidalgo (MXH) el .93% de sufragios y PESH obtuvo 1.84%., por lo que comenzaron con su proceso de liquidación.

A finales de enero del 2022, publicaron en el Periódico Oficial del Estado (POEH) el aviso de liquidación para PESH, signado por la interventora, María Rebeca Cruz Bustos, en donde detallaron las providencias para procurar el patrimonio del partido, intereses y derechos de orden público, así como de terceras personas, además lo necesario para cubrir obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores de la cúpula.

En ese momento, Encuentro Social Hidalgo tenía pendientes monetarios por 4 millones 694 mil 139.16 pesos, derivado de multas por omisiones o errores en informes ordinarios o de campañas; asimismo, retenciones y otros aspectos emanados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 8 mil 129.53 pesos; 37 mil 500 pesos para prestadores de servicios; en cuanto a los proveedores, 103 mil 144 pesos y por créditos administrativos electorales, 4 millones 545 mil 365.63 pesos.

Sin embargo, el Consejo General del IEEH todavía no informa sobre el balance de bienes y recursos remanentes del partido local en liquidación, en donde detallan pasivos laborales, obligaciones fiscales, pendientes con acreedores y lo relacionado a los adeudos de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Incluso en junio del 2023, la exdirigente del partido local, Sharon Madeleine Montiel Sánchez, explicó en entrevista a La Crónica de Hoy en Hidalgo la situación que padece la cúpula local, que incluso derivó en denuncias formales ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y vistas hacia el INE.

Algunas de las anomalías que denunció fue que aparentemente la interventora carecía del perfil idóneo para fungir en dicho encargo, tentativas alteraciones en plazos para publicar avisos de pérdida de registro, falsear y ocultar información hacia las autoridades, no respetar la prelación de créditos para primero reconocer los derechos laborales de extrabajadores, subsanar obligaciones con proveedores y finalmente, las sanciones administrativas. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)