Además del INAI, también quitarían órganos de transparencia local
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Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó dictamen
MODELOS
Rosa Gabriela Porter Velázquez
Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que plantea la extinción de siete organismos autónomos, entre los cambios destacan reformas al artículo 116 de la Constitución Política federal con lo cual elimina la figura de los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
El viernes de la semana pasada, dicha comisión legislativa validó reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones pasarían a dependencias del gobierno federal o al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Dentro de los artículos transitorios señala que suprimirán los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) fue creado en 2006, inicialmente contaba con cinco consejeros propietarios y cinco suplentes, pero apenas en abril del 2024, tras propuesta del gobernador, Julio Menchaca Salazar, disminuyeron a tres.
En cuanto al INAI, derogaron la fracción VIII del apartado A del artículo 6 constitucional para establecer, “los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Las leyes en la materia determinarán los principios generales, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados”.
Incluye otra disposición respecto a que “los sujetos obligados se regirán por la ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, en los términos que esta se emita por el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho”.
Las funciones del INAI las repartirán a distintos entes, como a la Secretaría de la Función Pública (SFP), contralorías de las autoridades del Poder Legislativo y Judicial, al Instituto Nacional Electoral (INE) lo relativo al acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos; también conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las cúpulas.
Además, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los sindicatos y conocerá de los recursos de revisión.