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Desechó la Sala Regional Ciudad de México diversas quejas contra el acuerdo de designación de regidurías por el principio de representación proporcional y sindicaturas de primera minoría en 44 presidencias municipales, debido a que son actos irreparables.

En los juicios de protección de derechos políticoelectorales, SCM-JDC-2310/2024, promovido por Pedro Canales Vega; SCM-JDC-2316/2024 de Lino Antonio Barrios Islas y el SCM-JDC-2317/2024, Miguel Olvera Rodríguez, controvirtieron los mencionados acuerdos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH), mismos que modificó el Tribunal Electoral del Estado (TEEH).

Los jueces acumularon los asuntos dada la conexidad, pero en cada caso desecharon las demandas porque la pretensión de los actores es irreparable, toda vez que confirmaron la distribución de espacios de regidurías y sindicaturas, además que los integrantes de las presidencias municipales para el periodo 2024-2027 ya rindieron protesta.

En otro punto, resolvieron el recurso de apelación SCM-RAP-99/2024 que interpuso Partido del Trabajo (PT) contra la revisión de informes de ingresos y gastos de campaña del proceso concurrente, específicamente en Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

La “cúpula de la estrella” señaló agravios por parte de la autoridad fiscalizadora para determinar sanciones por omisiones en la entrega de documentación comprobatoria y registros extemporáneos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), incumplir obligaciones de financiamiento e impedir visitas de verificación, pero no procedieron porque motivaron todas las determinaciones.

Asimismo, que fue correcta la calificación y graduación de la falta al vulnerar los principios en materia de fiscalización; valoraron adecuadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar; en tanto que lo relativo a la reincidencia tomaron en cuenta el contexto fáctico de la conducta.

Tampoco le asistió la razón al PT cuando adujo que el INE no consideró su capacidad económica al momento de la imposición de sanciones, pues distinto a ello explicó la razón por la que contempló el financiamiento público del partido a nivel federal y no local, así como los altos pendientes por pagar.

Finalmente, el pleno de Sala Regional Ciudad de México insistió que respetaron su garantía de audiencia del PT, por tanto, corroboraron las sanciones económicas, en el caso de Hidalgo fueron 4 millones 264 mil 954.94 pesos por irregularidades detectadas en las campañas de diputados locales y ayuntamientos. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)