-En los pagos se consideran las últimas quincenas de agosto del 2024 y parte proporcional del aguinaldo, según lo acordado entre ambas partes

ARBITRAJE

Alberto Quintana Codallos

Se atendieron 860 convenios de finiquitos entre exempleados y autoridades de las presidencias municipales por despidos injustificados durante el proceso de transición de entrega-recepción, afirmó el secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo (STPSH), Javier González Hernández.

“Los acuerdos se concretaron de forma satisfactoria entre ambas partes para evitar que el asunto llegará hasta el Tribunal de Arbitraje del estado de Hidalgo como en otros años”.

Puntualizó que las puertas de la Secretaría del Trabajo atendieron cada uno de los asuntos, se establecieron acuerdos y cubrieron finiquitos que ascienden a varios millones de pesos.

En los pagos se consideran las últimas quincenas de agosto del 2024 y parte proporcional del aguinaldo, por lo cual los exempleados aceptaron el acuerdo con las autoridades de los ayuntamientos.

Actualmente se tienen siete denuncias de extrabajadores de ayuntamientos por supuestos despidos injustificados, que son atendidas por el tribunal de arbitraje e iniciaron los procedimientos administrativos.

Son 6 denuncias de la presidencia municipal de Tepeapulco y uno de Tizayuca, que se registran hasta la fecha y no están exentas las quejas por parte de los empleados.

“Se exhorta a las actuales administraciones municipales que sean precavidas, que si quieren hacer despidos lo hagan pegado a derecho, para evitar caer en irregularidades y conviertan sus  demandas en  despidos injustificados”.

Respecto a los laudos pendientes con las anteriores administraciones presidencias municipales, se continúan con los procedimientos administrativos correspondientes.

La STPSH es respetuosa de la autonomía de los ayuntamientos, por lo cual se les orienta para llegar acuerdos satisfactorios con los ex empleados despedidos de forma injustificada y cubrir los adeudos de salarios.

El pago de laudos afecta las finanzas del erario público, ya que los recursos se pueden destinar para programas sociales, obras y acciones que beneficien a las comunidades.