– Por lo menos un centenar derivaron en sanciones, como amonestaciones públicas o privadas, inhabilitaciones y otros

EN ESTA ADMINISTRACIÓN

Rosa Gabriela Porter Velázquez

La actual administración estatal inició más de 740 investigaciones contra extitulares de los órganos internos de control (OIC), de estos procesos en al menos un centenar ya concluyeron las diligencias que derivaron en sanciones como amonestaciones públicas o privadas, inhabilitaciones y otros.

Con la llegada de Julio Menchaca Salazar a la gubernatura, detectaron durante el proceso de entrega-recepción ciertas anomalías en los OIC, desde nombramientos que no cumplían el perfil curricular, conductas que no eran apegadas a las normativas de transparencia, planeación, programación presupuestaria, contabilidad, adquisición de bienes, arrendamientos, recursos humanos, materiales y otros.

Al respecto, la Secretaría de Contraloría informó que efectuaron 741 investigaciones, 134 correspondiente al ejercicio fiscal 2022, 304 en el año 2023 y de enero a junio del 2024 indagaron 303.

De este total emitieron resolución en 103 asuntos, en algunos casos prevalecen los litigios pues los presuntos responsables recurren a los amparos y provocan que los procesos sean más largos; de la citada cantidad hubo 73 amonestaciones privadas, 16 amonestaciones públicas, cuatro suspensiones para ocupar cargos por cierta temporalidad, tres inhabilitaciones, tres restituciones a los derechos de trabajadores, dos no encontraron responsabilidades, en uno se abstuvieron a sancionar, y otro lo castigaron con la destitución.

Las cinco causales más recurrentes por las que indagaron a servidores públicos fueron: omisión de presentar la declaración patrimonial, incumplimiento a las leyes y reglamentos, inobservancia a las funciones, atribuciones y comisiones; no presentar actas de entrega-recepción u omisión en rendición de cuentas.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, explicó que cualquier anomalía la revisan desde los propios órganos internos de control, a partir de la gravedad de las causales, si son de carácter penal las remiten a la Procuraduría General de Justicia (PGJEH) y en caso de faltas de tipo administrativo al Tribunal de Justicia Administrativa.

“Eso es lo que los órganos internos de control han trabajado y que les ha tocado a ellos mismos emitir resoluciones que corresponden a faltas administrativas no graves, porque las faltas administrativas graves las mandamos al Tribunal de Justicia Administrativa y las faltas administrativas graves en donde hay un delito de carácter penal lo mandamos a la procuraduría”.